OTRA VEZ A VUELTAS CON LOS MAS POBRES (DEIA, 21 - 07 - 2017)

OTRA VEZ A VUELTAS CON LOS MÁS POBRES

¿Acallará la reforma de la RGI (Renta de Garantía de Ingresos) a sus detractores? Esta debe ser la pregunta que han de hacerse quienes, en estos momentos, se sientan alrededor de la mesa para buscar las condiciones que han de cumplir quienes aspiren a cobrarla.

El relato de la RGI, -ahora que cualquier asunto conflictivo necesita un relato convincente-, ha sido hasta ahora una narración del género de la novela picaresca. Los periódicos se han llenado de noticias curiosas que siempre han enfatizado tanto las irregularidades cometidas por unos poquísimos infractores, que han caído en el olvido las características y virtudes de la prestación. El propio nombre (Renta de Garantía de Ingresos) se presta al equívoco. Desde luego que no responde al significado de la palabra “renta” porque ni es “el dinero u otro beneficio que produce regularmente un bien”, ni es la “cantidad de dinero o bienes que se paga regularmente por el alquiler de algo”. Por lo tanto, no se trata de una renta porque los perceptores no deben tener bienes suficientes, ni perciben la ayuda por aportar nada en concreto a cambio. En todo caso les basta con ser ciudadanos del País Vasco para tener derecho a ello, eso sí, siempre que no tengan caudales suficientes.

Tampoco el término “garantía” es el más apropiado si tenemos en cuenta que se trata de una cantidad suficientemente exigua y escueta como para garantizar nada. No en vano la RGI suele ir apoyada, en muchos casos, por otro tipo de ayudas puntuales que cubren obligaciones perentorias de la vida de los perceptores como la vivienda, el suministro eléctrico o el recibo del agua. De modo que ni es una renta real ni garantiza un nivel de ingresos suficiente, ni siquiera ajustado a las necesidades de las viviendas o de las familias.

Es por esto que resulta chocante la urgencia con la que tantos ciudadanos vascos proponen revisar las condiciones que han de cumplir los perceptores. Porque aunque es verdad que se producen cobros indebidos en la RGI, incluso fraudes escandalosos propiciados por tramas organizadas, el nivel del fraude total es especialmente bajo. Es verdad que el hecho de que sea bajo no debe llevar a las Instituciones a ser desidiosas en el control, pero el exceso de celo en la vigilancia, y la escasa misericordia que muestran algunos cuando interpretan los datos, hace pensar mal a quienes desde la buena voluntad seguimos pensando que quienes cobran la RGI, al menos una mayoría aplastante de ellos, son menesterosos y necesitados, es decir pobres.

Veamos algunos números. En cinco años, desde el año 2012, las cantidades indebidamente percibidas han ascendido a 165 millones de euros, y han afectado a 62.359 titulares o cabezas de familia. De ellos, casi un 60% han devuelto su deuda o lo están haciendo mediante acuerdos pactados con la Administración. Ciertamente la pobreza y la precariedad están provocando comportamientos poco adecuados en los perceptores que son sorprendidos en ilegalidad o irregularidad, lo que hace que las oficinas de quien administra la RGI, Lanbide, sean un foco de posibles conflictos. Pero es preciso subrayar, según datos recientes, que hay 113 millones de los percibidos de modo irregular que ya están en proceso de devolución. ¿Alguien sería capaz de parangonar, por niveles y condiciones de vida personales, este fraude de la RGI en comparación con el fraude fiscal?Es decir, ¿alguien se atreve a comparar, en interpretar debidamente, el fraude que se produce en la percepción de ayudas públicas con el que se produce en el pago de las obligaciones tributarias? De modo que este debate es un asunto que tiene que ver con la riqueza y la pobreza de un país, pero sobre todo con la desigualdad que afecta a los pobres frente a los ricos.

Hace poco tiempo la Consejera Artolazabal cometió el terrible error, -del que espero que ya se haya arrepentido-, de juzgar como “suficiente” la RGI para vivir una vida digna. Tal vez tenga razón en el uso del término, porque la dignidad no está reñida con la pobreza  (se puede ser digno y pobre), del mismo modo que ser rico e indigno y miserable, pero la RGI no es suficiente, está demasiado por debajo de la media salarial y solo llega para vivir de modo escueto y retirados del mundanal ruido. Sin embargo, las continuas y excesivas protestas del PP vasco me llevan a una reflexión profunda: si pusieran los “populares” (PP) el mismo interés en cuestionar el fraude fiscal como ponen en denunciar el fraude social, las arcas del Estado estarían mucho más y mejor nutridas, habría más fondos para resolver el riesgo que suponen las bolsas de pobreza, y la paz social formaría parte del hábitat ciudadano. Pero no es así porque los populares, como buenos epulones, solo aceptan a los lázaros cogiendo las migajas que han caído de sus mesas.

Resulta curioso que nunca se hayan pronunciado, salvo con vaguedades, sobre el fraude fiscal, que no hayan presentado denuncia ninguna contra sus correligionarios, y pongan tantas objeciones a una RGI que pone poco más de 600 euros para que viva cada ciudadano en situación de precariedad o pobreza. Ni siquiera le basta al PP que la Consejera haya presentado ya las líneas maestras de la nueva RGI, quince puntos concretos que harán bastante más difícil acceder a ella. Una RGI por domicilio, que obligará a compaginarse a quienes han recurrido a compartir vivienda sin estar vinculados por consanguinidad o relación familiar. Un control antifraude que irá tan lejos como para traspasar la presunción de inocencia. Un recorte como consecuencia del aumento del tiempo de empadronamiento, y la prescripción de los pagos indebidos a 24 meses. Igualmente se fijan unas cantidades mínimas a percibir por cada núcleo familiar que no podrá exceder de los 1.200 euros mensuales. A la vista de lo propuesto en el primer borrador solo caben puntualizaciones al alza, porque cualquier matización a la baja solo puede obedecer a la inhumanidad con que los opulentos interpretan el rigor de la pobreza de los más míseros y oprimidos por el sistema.

Pues bien, el PP vasco ha urgido al Gobierno para que acelere la aprobación de la reforma de la RGI, y ha amenazado que, si no se apremian, ellos llevarán una propuesta propia. Este exceso de “responsabilidad” del PP cobra importancia porque sus votos son imprescindibles para cualquier aprobación, ante la cerrazón absurda de EHBildu y Podemos que han anunciado su oposición al texto presentado. Es decir que estos “izquierdosos” de salón son capaces de dejar a los más pobres al libre y descarado albedrío de los más ricos del PP. Puestos a ganar el cielo el PP ha optado por imponer un “justicierismo” contra los más depauperados y necesitados, y quienes alardean de “izquierdosos” no se atreven a apoyar las medidas propuestas, -quince-, quizás porque prefieren erigirse en salvadores o redentores. Yerran. Unos y otros yerran, no tanto en sus propuestas como en sus pronunciamientos públicos.

Los perceptores de la RGI son pobres, ya sean estructurales o accidentales. No son ladrones ni esquilmadores de las arcas públicas. Quien les trata como tal es, como mínimo un miserable. Y quien se empeña en conquistar el poder que dan los votos ofreciéndoles el oro y el moro por su pobreza, no pasa de ejercer una desacompasada, que usa la pólvora del Rey para dar rienda suelta a sus devaneos. Unos y otros deberían, sobre todo, respetar a los pobres como personas que, también, son.

FDO.  JOSU  MONTALBAN

EL BATOBURRILLO CATALÁN (El Diario Norte, 20 - 07 - 2017)

EL BATIBURRILLO CATALÁN

No es nada fácil aplicar un rigor “académico al asunto catalán, pero el sentido común resulta suficiente para deducir que el proceso se les ha ido de las manos a los catalanes de todas las condiciones. Se les ha ido a los que mandan en la Autonomía y se les ha ido a quienes son mandados. Bien poco se puede decir de estos últimos a los que las consignas, verdaderas o falsas, les han enrollado sin pararse a pensar que las vidas de los ciudadanos de a pie son suficientemente complicadas como para que se distraigan en reivindicaciones anecdóticas. Pero se puede decir mucho, y muy diverso, de quienes han gobernado Cataluña hasta traerla al laberinto legal, político, económico y social en que está metida. Los catalanes y las catalanas siguen madrugando para acudir a sus trabajos (los que aún le conservan), hacen sus compras en los grandes almacenes que responden a grandes cadenas comerciales o multinacionales, se divierten en los bares y demás lugares de recreo de sus pueblos y ciudades, y pasean por las ramblas y jardines aprovechando las sombras cuando el sol golpea las testuces en exceso. Es decir, hacen lo mismo que cualquier otro español.

Mientras esto acontece, la clase política catalana permanece embarullada en un bucle absurdo. El entramado de partidos de ámbito exclusivamente catalán se ha deshecho para dejar paso a formaciones políticas inexpertas y, sobre todo, desideologizadas, a las que solo les ocupa, -o mejor, les obsesiona-, la constitución de un Estado catalán: la independencia.

Todo en Cataluña es provisional. Todo es poco serio en el debate político porque el objetivo es inasumible, inaceptable e inalcanzable. Al menos lo es mediante métodos o cauces normales y lógicos. Ni la Historia, ni la evolución, ni el comportamiento de los políticos catalanes constituyen una garantía, hasta tal punto que es muy difícil comprender a una ciudadanía que sale a las calles a reivindicar quimeras que solo satisfacen a las élites dirigentes. Cataluña quiere abandonar España, según dicen, a pesar de que ha pertenecido a ella, de una u otra manera pero siempre voluntariamente, casi desde el principio de los tiempos. No es ningún exceso afirmar que la unidad lingüística, legislativa y económica de Cataluña y España data de hace casi 2000 años. Que esa unidad se convierte en unidad territorial y política allá por 1714, o que cuando en 1812, en Cádiz, fue aprobada la famosa Constitución de Cádiz llamada la “Pepa”, fueron los diputados catalanes los más entusiastas de todos los diputados españoles.

No obstante debemos aceptar que han cambiado los tiempos, y que el Parlamento catalán lo componen ahora mismo formaciones políticas de diferente cariz que no tienen en cuenta el rigor de la Historia y, lo que es peor, la ignoran y la desprestigian porque sus objetivos actuales son más arteros e irresponsables. La vieja Convergencia y Unió (CiU) se ha quedado en nada, disgregada y víctima de la corrupción más endiablada. La famosa CUP es tan poco eficaz  a la hora de convencer con sus propuestas que precisa de “armas” resolutivas para hacerse escuchar como, por ejemplo, un zapato arrojadizo que manejó a la perfección su máximo responsable en el Parlamento catalán. Salvo ERC nada queda en el ámbito exclusivamente catalán que mantenga su identidad y siga fiel a su antigua estrategia. En medio de este maremágnum Cataluña y los catalanes están siendo manejados y manipulados por un grupo de irresponsables que se consideran pléyade pero no pasan de caterva.

Desde hace demasiado tiempo Cataluña marcha a la deriva. Probablemente quienes menos se dan cuenta de ello son los propios catalanes, pero quienes les gobiernan hacen de sus capas sayos, convirtiendo las calles catalanas en trayectos atiborrados de descontentos que no saben bien la razón de sus enfados. ¿Acaso no fue un desprecio hacia los catalanes y las catalanas que su actual President, Puigdemont, anunciara que su cargo era provisional y temporal, en tanto se culminara la consulta ilegal? ¿Acaso no ha sido un abuso de autoridad destituir de forma fulminante al consejero Jordi Baget porque advirtiera de que el referéndum del 1 de Octubre “probablemente” no se podría celebrar? ¿Qué es exactamente Puigdemont, un President o un caudillo? Las palabras del conceller destituido no dejan espacio a las dudas: “Una parte del Gobierno no estamos en el núcleo duro de las decisiones…A mí y a otros, ¿se nos consulta la estrategia de lo que tenemos que hacer? No… Quienes no estamos tendremos que tomarlas (las decisiones) con muy poco tiempo sobre cosas que no habremos podido madurar”. Da la impresión de que el Señor Baget no fue informado de que el Gobierno al que pertenecía solo debía ocuparse en poner en marcha y desarrollar el referendunm es decir, cumplir la única voluntad de Puigdemont y del “escondido” Artur Mas.

El desarrollo, -o no-, del referéndum catalán se ha convertido en el asunto de debate  más importante de la política española. Se ha convertido en un desafío en el que una de las partes actúa sin ninguna legalidad que cumplir, y la otra se muestra remisa a la hora de aplicar la legalidad que le asiste. Puigdemont aspira a la heroicidad de los desobedientes. ¿Actúa del mismo modo él que como pretende que actúe el Estado, cuando algún catalán o grupo de catalanes infringe alguna ley catalana? Puigdemont va de bravo, como el toro que arremete contra los toreros o los trajes de luces  pero, una y otra vez, se estrella contra las tablas del burladero. Frente al Artículo 155 de la Constitución Puigdemont no para de provocar, su insistencia comienza a ser enfermiza. De nada le sirve que el Tribunal Constitucional haya anulado las partidas destinadas a cubrir el presupuesto catalán necesario para llevar a buen término el referéndum. Como Felipito Tacatún él, erre que erre, sigue. Peor aún, ha planteado proclamar la secesión en dos días si ganara el “sí”. Su prepotencia, unida a la cobardía de tantos catalanes (principalmente de las élites) que no responden a sus bravuconadas, va a ser un proyectil nefasto para Cataluña y para España. Ha dicho, erigiéndose en portavoz de todos los catalanes: “Nos tienen miedo, y más miedo que les daremos”. No ha dicho a quién meterán aún más miedo, pero puede que tenga razón a tenor de la escasa respuesta que viene recibiendo por parte de las cuatro fuerzas mayoritarias en el ámbito estatal: PP. PSOE, Podemos y Ciudadanos.

Cabría una estrategia alternativa que intentara mediar con el Gobierno catalán para encontrar alguna alternativa al desastre protagonizado por Puigdemont, Mas y Cia., pero de ahí a olvidar que el Artículo 155, junto al resto de la Constitución Española, fue aprobado por el 91% de los votantes catalanes, cinco puntos por encima del 86% de los votantes que la aprobaron en Madrid (¿centralistas españoles?), va un abismo. La Constitución no es una amenaza, sino una garantía. Las cifran que ofrecen los independentistas constituyen un tocomocho propio de trileros, porque aunque es verdad que 787 ayuntamientos (de los 948 que hay) se ofrecen a colaborar con el Gobierno catalán en el referéndum, ellos solo agrupan al 43% de la población. Al menos dos de las cuatro capitales de provincia no apoyan ni colaborarán con el referéndum. Sólo Gerona está por la labor, porque Ada Colau dice sí pero no y no pero sí, es decir que casi seguro que no.

Por eso, va siendo hora de que la Constitución ampare a los españoles y a los catalanes, que también lo son. El Artículo 155 no es un látigo que espera a chasquear con tra quien se insubordine en exceso, sino un instrumento útil para fortalecer el Estado y convertirle en defensor de los ciudadanos. Cualquier negociación o acuerdo entre el Estado y la Comunidad Autónoma catalana debe tener en cuenta que la Constitución existe, que fue aprobada por una mayoría aplastante de españoles, y que consta de 169 Artículos, todos ellos fundamentales para sustentar un Estado que garantice la libertad y el bienestar de todos los españoles y de todos los catalanes. ¿Por qué habríamos de dejar fuera de esa garantía a los catalanes?... Ni siquiera al Presidente Puigdemont…

Fdo.  JOSU MONTALBÁN      

EL REVISIONISMO AL SERVICIO DEL POPULISMO (DEIA, 12 - 07 - 2017)

EL REVISIONISMO AL SERVICIO DEL POPULISMO

El debate político pasa por malos momentos porque ha perdido profundidad y dignidad. Hay una razón fundamental por la que esto ha ocurrido. Estrechamente concatenados el declive de los partidos políticos más antiguos con el afloramiento de las nuevas formaciones políticas, han facilitado que se nieguen las evidencias, que se minusvaloren los esfuerzos hechos y se desprecie por “falsa” una evolución que durante cuarenta años ha cultivado alabanzas en casi todos los ámbitos.

Lo cierto es que un revisionismo ramplón y mal intencionado se ha puesto del lado de los partidos de nuevo cuño para desacreditar la Transición, con lo cual han convertido a los protagonistas de aquella, fueran de derechas, de izquierdas o del centro político, en meras marionetas cuyos hilos obedecieron a la Dictadura y a los herederos del dictador fallecido. Es tal la cicatería de quienes usan dicho revisionismo que omiten las estrecheces y adversas condiciones en que vivieron buena parte de los protagonistas de la Transición durante el franquismo, que tuvieron que ocultarse bajo pelucas ridículas, admitir documentos de identidad falsos o vagar por los ligares españoles evitando ser descubiertos, como si se tratara de desconocidos, a pesar de que estuvieran ayudando a otros “perseguidos” por el régimen franquista, como ellos.

Este comportamiento es indigno de las personas (“gente”) decentes. Ni siquiera el hecho de que alcanzaran el uso de razón después de la muerte del dictador Franco constituye una razón suficiente para admitir las insensateces inherentes al revisionismo actual. Quienes no vivieron el franquismo con pantalones largos ni medias de espuma, deberían ser discretos cuando relatan lo que ocurrió. Aún no está escrita la Historia referente a aquellos años negros del franquismo, al menos no lo está la Historia que escriben los historiadores, que suele ser más rigurosa que la que ofrecen los cronistas y los “cuentacuentos”. Es muy respetable el trabajo de los cronistas, pero no lo es tanto el de los “cuentacuentos” que componen los pasajes siempre al servicio de sus caprichos.

En los últimos días la periodista Elisa Beni ha escrito un artículo cuyo título es suficiente para valorar sus intenciones: “Transición Sangrienta”. Se trata del artículo de una autora tan mal intencionada como tendenciosa y miedosa, que son las características más evidentes de la falta de rigor. Elisa Beni, que alardea de haber sido la directora más joven de un Diario español, y de ser “una voz que cree en lo que dice”, publica en el artículo aludido que “la Transición no fue un periodo de concordia”, para luego atenuar su negativa con un “o no lo fue solo”. ¿Lo fue o no lo fue? ¿Fue de mucha concordia o lo fue de algo menos concordia? Resulta descorazonador el comportamiento de quienes no aportan ni un solo razonamiento de peso en el que sustentar sus afirmaciones.

En su artículo afirma, con tanto atrevimiento como miseria moral, que la Transición fue un tiempo en que hubo “violencia extrema”, “en el que no solamente ETA regó de sangre las calles”. ¿Acaso justifica las acciones de ETA?. Le recordaré que cuando ETA inició su andadura, mientras el franquismo estaba en plena vigencia, ETA intentó contar con el beneplácito del PNV, que era una formación conservadora y católica cuyos dirigentes vivían en el exilio como otros dirigentes y políticos de partidos de izquierdas perseguidos por el franquismo. Pues bien, ETA sufrió el rechazo contundente del PNV que afirmó “que la organización conocida como ETA ni es núcleo activista, ni sección terrorista de nuestro partido, ni tiene con este ningún lazo de disciplina”. Pues bien Elisa Beni, con su silencio respecto a los asesinatos de ETA tras la muerte de Franco, da la impresión de que intenta hacer tabla rasa, y lo hace sólo para “justificar” una afirmación gratuita: que entre los años 1976 y 1983 la “sangrienta” Transición en ciernes se cargó a 188 españoles. Luego, cuando pretende ilustrar dicha afirmación nombra a sólo ocho personas muertas, si bien en condiciones o situaciones que no tienen mucho que ver con el régimen pasado que ya estaba siendo finiquitado.

Lo cierto es que asistimos a un revisionismo absurdo protagonizado por quienes, no habiendo podido luchar directamente contra el franquismo por su edad aún escasa, se erigen en héroes a tiempo pasado. Es bien cierto que algunos calificativos dedicados a la Transición, como “ejemplar” o “modélica” suenan a excesivos, pero el descrédito al que quieren condenarla los que son ”hijos” de ella, suena más a llanto de huérfanos interesados que a voz de personas sensatas y sensibles. No Voy a enumerar todos los perseguidos por el franquismo que hicieron posible esta Transición, entre ellos los había  mucho más comprometidos social y humanamente que los líderes de la fatua "nueva" política que les echa en cara la flojedad. Lo cierto es que la Democracia ha sido posible y que la sangre derramada en la Transición ha obedecido principalmente a grupos terroristas (ETA, GAL, Batallón Vasco Español,…), y unos pocos a actuaciones excesivas achacables a fuerzas policiales (Estado), durante el tiempo en que aún estaban vigentes los restos del ya viejísimo régimen franquista.

Se optó por la Transición en lugar de la Revolución. Fue, pasado el tiempo, una buena elección. La única y la mejor posible entre las pacíficas. Ha dicho el líder de Podemos Domenech, en otro alarde de insensatez que han habido “transiciones” que han provocado más muertes que algunas revoluciones. Y puso de ejemplo de tal tipo de revolución la Revolución de los Claveles de Portugal  que, al parecer, solo produjo dos (según Domenech). Lo que no dice es que no fue realmente una revolución armada al uso, que no hubo conflicto bélico, ni que fue más un movimiento de agitación democrático y cultural (a pesar de obedecer a un levantamiento militar) frente a una dictadura que daba sus últimas bocanadas. ¿Conoce el señor Domenech alguna otra revolución como aquella?

De modo que esta forma de revisionismo a la que asistimos oculta intenciones absurdas y obedece a un oportunismo que solo es propio de populismos farsantes. En el caso de Elisa Beni, la condecoración concedida a Martín Villa con motivo del 40 Aniversario de la constitución del primer Parlamento de nuestra Democracia, ha disparado su locuacidad y su verborrea. Puedo compartir con ella que Martín Villa no es la persona idónea para ser condecorada en esa fecha, pero de ahí a quemar toda la casa para aprehender al ladrón que se oculta en ella va un abismo… un abismo tan oscuro y profundo como el que los populistas actuales, -adscritos sobre todo a la mal llamada “nueva política”, y algunos de la “vieja política” acomplejados por los vocingleros de la “nueva”-, quieren abrir en el lenguaje político para subrayar sus osadías.

Sin embargo lo valiente y osado fue resistir al franquismo y derrotarle, ¡sí, derrotarle!, construyendo la democracia con la Transición que fue posible, y que pasado el tiempo merece más elogios que críticas. A mí siempre me dio reparos la revolución. A Elisa Beni y a Domenech también, del mismo modo que todos sentimos ciertas dosis de miedo. A ellos dos, que llegaron al humo de las velas, debería avergonzarles convocar a una “revolución” que, como bien saben, ya no tiene sentido. Cada uno se redime como puede. Ellos, y otros revisionistas como ellos, lo intentan hacer jugando con los soldaditos de plomo que exhiben en sus lujosas estanterías.

FDO.  JOSU MONTALBAN              

¿SUBIR LOS SUELDOS? (El Diario Norte, 10 - 07 - 2017)

¿SUBIR LOS SUELDOS?

La Ministra de Empleo, Fátima Báñez, -de la cual recuerdo cómo dirigía las votaciones de los diputados del PP en el Congreso, levantando su mano con uno, dos o tres dedos estirados según fuera el sentido que deberían dar a sus votos-, ha avisado a los empresarios que “la mejora del empleo tiene que ir acompañada de una ganancia del poder adquisitivo de los trabajadores”, es decir, que hay que subir los sueldo de los obreros. A mí este modo de obrar me parece demencial. Que una ministra se atreva a abrir la veda del incremento de los salarios de esta manera me da a entender que fue igualmente ella, y el Gobierno al que pertenece, el que mantuvo los salarios congelados provocando un “frío” helador en los trabajadores durante demasiado tiempo. Y si ha sido principalmente el Gobierno el que ha provocado la miseria de tantos trabajadores (no solo de los desempleados) que han tenido que solicitar subsidios y ayudas sociales para resistir, si ha sido el Gobierno el responsable de la actual desigualdad que impera en nuestra sociedad, si ha sido Fátima Báñez la que ha colaborado tan activamente para que la pobreza se instale tal como lo ha hecho entre la ciudadanía, ¿cómo es que el PP no es castigado en las urnas teniendo en cuenta la gran mayoría existente de trabajadores mal pagados o en paro?

Lo cierto es que Fátima Báñez se ha atrevido a “aconsejar” a los empresarios esta subida de sueldos después de que haya esquilmado la hucha de las pensiones, después de haber anunciado que volverá a sacar 3.500 millones de la hucha del sistema de pensiones público, que se queda con solo 11.602 millones, exactamente 55.000 millones menos que hace seis años, en el año 2011 en que el PSOE dejó el Gobierno. Cuando, por aquel tiempo, el fondo de reserva era de 66.000 millones de euros, todos nos las prometíamos muy felices, pero el Gobierno del PP no ha parado de convertir aquel fondo económico en una coartada para dar a entender que nunca se agotaría y que las pensiones nunca han corrido ningún peligro. Sin embargo, el colchón de 66.000 millones de euros se ha quedado en una colchoneta de poco más de 11.000 millones de euros. La Ministra Báñez, que fue entronizada en puesto tan sobresaliente para poder prescindir de sus servicios con la mayor facilidad, se ha consolidado, entre otras cosas, porque los sindicatos atraviesan un momento de gran debilidad y no han sido capaces de convocar una Huelga General junto a las Asociaciones de Jubilados y Pensionistas.

Ahora resulta que la Ministra Báñez advierte de que es el momento de subir los sueldos, aunque el incremento debe dejar espacio para una “ganancia de la competitividad”, pero que la subida no debe ser tan alta como para frenar la creación de puestos de trabajo. Es decir, subir el sueldo pero subirlo poco, porque la economía requiere “competitividad”, que es un concepto muy difícil de explicar y desarrollar, y que amedrenta mucho a quienes temen llegar a caer en las bolsas del paro. Mejor aceptar sueldos de poca monta, exiguos, que empezar a sellar los documentos pertinentes en las Oficinas del Paro. Mejor la pobreza que la miseria.

Resulta curioso, aunque difícilmente explicable, que se produzca el siguiente contrasentido: que el paro haya disminuido en el último mes en 98.317 personas, y el empleo (medido mediante la cuantificación de cotizantes) solo haya crecido en 87.692 trabajadores, es decir que al menos once mil trabajadores que han encontrado trabajo y han abandonado el paro, no son cotizantes de la Seguridad Social. He ahí un dato que debería hacernos pensar a todos. Sin embargo, la Ministra Báñez y demás miembros de su Gobierno deberían dejar de tocar las campanas, ser más discreta y evitar las euforias.

En el caso de que los empresarios respondieran afirmativamente a sus peticiones, debe saber la Ministra Báñez que no lo harán como si se tratara del cumplimiento de un deber político, ni siquiera  de un derecho humano que asiste a los trabajadores. Nada de eso, sino que responde al efecto simbiótico de una unión interesada entre los empresarios y la clase capitalista y la derecha económica, política y social. Los empresarios van a echar una mano a la señora Ministra para, entre otras cosas, que la balanza de las pensiones de la Seguridad Social no aparezca tan desequilibrada, ello como pago al esfuerzo hecho por las políticas del PP y de la Sra. Báñez que, obstinada, no ha dudado en apoyar y poner en marcha políticas públicas restrictivas, basadas en la congelación de salarios, el cercenamiento de los derechos de los trabajadores y el respeto al crecimiento y mantenimiento del poder adquisitivo de los más ricos y acaudalados.

Por si fuera poco el adelanto en los periódicos de la noticia de que el PP y C´s han llegado a un acuerdo para fijar el techo de gasto para el 2018, supone una disminución de impuestos importante. El PSOE, en un “alarde” de exigencia, ha anunciado que propondrá una subida de impuestos para quienes ganen más de 150.000 euros anuales y una exigua subida del tipo mínimo del Impuesto de Sociedades hasta el 15%. Algo es algo, pero hay “algos” que son “nada”. Ciertamente, el acuerdo PP-C´s supone una rebaja de 2.100 millones de euros en la recaudación prevista, mientras la propuesta del PSOE supondría una subida en la recaudación de 5.200 millones de euros. Es decir que la jugada supone una diferencia de 7.200 millones de euros. Y termino con una pregunta: ¿para qué sirven 7.200 millones de euros? Lo cierto es que los españoles seríamos más felices recaudando esos 7.200 millones más, eso sí, debidamente gastados. Pero Fátima Báñez no lo cree así, y le basta con proponer subidas de sueldo que no desequilibren ni perviertan la competitividad.

Son miserables en la forma y en el fondo.

FDO.  JOSU MONTALBAN