TENSIONES, PRESIONES Y PENSIONES
Primero tensionan, después presionan, y por fin imponen sus medidas y consiguen los objetivos que se han propuesto. El Gobierno español está respondiendo, conforme a un programa preestablecido, a las presiones y mandatos de los Mercados, fielmente representados por Bruselas y la OCDE. El descrédito al que han sometido a España, junto a los demás países del Sur de Europa, constituyó un buen punto de partida. No solo los interesados sabuesos, defensores del Capital, porque a partir de los primeros ataques el Gobierno de Mariano Rajoy ha asumido todas las críticas, ha culpabilizado a todos los españoles, a partes iguales, de lo ocurrido, y ha mostrado un propósito de enmienda basado en la obediencia a todos los dictados procedentes de Europa.
Tensiones
La crisis y su tratamiento han tensionado la opinión pública hasta tal punto que todos nos mostramos dispuestos a flagelarnos, incluso resarciendo de todo culpa a quienes, con sus excesos y tocomochos, provocaron la incertidumbre y la ruina de muchas personas de las clases medias y a todas las de las clases más humildes. El Estado se ha encargado de asumir como si se tratara de deuda pública, lo que era deuda provocada desde las entidades financieras privadas. La tensión creció hasta llevarse consigo al Gobierno socialista de Zapatero, víctima de sus propias reservas y cobardías, y también de las falsedades esgrimidas en el programa electoral del PP, consistentes en un buen número de promesas que no estaba dispuesto a cumplir.
Presiones
Una vez conseguido el primer objetivo, que era dar el poder a la derecha, las instituciones europeas forzaron el ritmo de las denuncias y de las exigencias. Amenazaron con un rescate financiero que llegó a producirse, aunque no con la estridencia con que aconteció dicho rescate en Portugal o en Grecia. Fue la coartada mejor para que Rajoy justificara ajustes y reformas que han incidido de modo brutal en las capas medias y en las franjas más vulnerables de la sociedad. Los hachazos que el Gobierno ha venido propinando a las personas que más requieren de la protección del Estado, han ido acompañados del descrédito de las propias estructuras sociales públicas (los sindicatos entre otros), la privatización de servicios básicos y el enflaquecimiento del Estado.
El último hato de presiones que Europa ha desplegado ante España han sido administradas estratégicamente. Haciéndose cargo de la difícil situación que atraviesa España, en buena parte provocada por la política de austeridad practicada a petición suya, la Comisión Europea ha concedido una prórroga al tiempo anteriormente marcado para la reducción del déficit. Pero a la vez le ha dictado una serie de reformas para cuya consecución ha impuesto fechas y plazos. Por dos años de prórroga en la remisión de los objetivos del déficit, -de una previsión del 2,8% en el 2016, se pasará al equilibrio en el 2018-, España deberá revisar su sistema tributario para marzo del 2014 (aumento o imposición de IVA), evaluar críticamente los efectos de la Reforma Laboral para julio del 2013 (modificándola si fuera preciso para septiembre del 2013), mejorar la eficiencia del gasto público examinando las principales partidas para marzo del 2014, reducir los atrasos pendientes de la Administración, aumentar la relación coste-eficacia del sector sanitario, aprobar una Ley de Unidad de Mercado y abordar el déficit de la tarifa eléctrica para el final del año 2013. Este listado de deberes, que son obligaciones, lo completa otra de extraordinaria importancia como es revisar el Sistema Público de Pensiones, estableciendo que la edad de jubilación aumente en base a la esperanza de vida, y regulando el “factor de sostenibilidad” de las pensiones que estará basado mucho más en el equilibrio presupuestario del Sistema, tal como está concebido ahora, que en la dignidad de las cuantías.
Pensiones
Las pensiones que cobran nuestros mayores y las personas que han quedado incapacitadas para el trabajo constituyen el pilar más importante del Estado de Bienestar, máxime ahora que muchos de nuestros mayores, con sus exiguas pensiones, constituyen el auténtico sostén y soporte de unidades familiares con importantes cargas derivadas del azote del alto desempleo que nos afecta. Cabe la posibilidad de que nos hallemos ante el más brutal ataque a nuestro Sistema Público de Pensiones, porque hace poco más de un mes el Gobierno decidió constituir un grupo de doce expertos (sabios) que elaborarán un documento que va a servir de base a la próxima reforma que el PP ha venido anunciando. Entre los “sabios” proliferan los que, en anteriores ocasiones, se han pronunciado a favor de los seguros privados: exactamente nueve de los doce han participado activamente en trabajos encargados por empresas aseguradoras o han trabajado directamente en ellas.
Este Comité de Sabios dinamita el famoso Pacto de Toledo, suscrito en 1995 con la práctica unanimidad de todos los grupos políticos que coincidieron en “la necesidad de excluir de la lucha partidista al sistema de protección social (de las pensiones) para encauzarlo dentro de un debate político sosegado que permitiera alcanzar el máximo nivel de acuerdo”. Por tanto los doce “sabios” podrían haber aportado sus experiencias en la Comisión correspondiente al citado Pacto para que fueran los representantes del pueblo, -el Parlamento-, los que decidieran democráticamente tras analizar sus aportaciones. Pero el Gobierno ha optado por este recurso, ladino y tramposo, de anteponer los criterios de estos “sabios” a la sabiduría derivada del debate parlamentario. “Los expertos son la coartada tecnocrática para arrebatar a la ciudadanía la capacidad para tomar las decisiones”, ha dicho con razón el diputado Joan Coscubiela. De tal modo han obrado en las últimas semanas, suplantando al Pacto de Toledo, hábilmente manejados por los servidores mediáticos del Gobierno y del PP.
¿Qué va a ocurrir con las pensiones del futuro? ¿Qué va a pasar a los futuros pensionistas, trabajadores aún activos hoy, que tras leer en la prensa los “rumores” previos intentan acelerar sus jubilaciones aunque sea a costa de disminuir sus cuantías? Cada mañana los periódicos nos ofrecen alguna nueva previsión que, a pesar de parecer simples especulaciones, termina por ser cierta. De entrada, el llamado “factor de sostenibilidad”, que debería entrar en acción dentro de dieciocho años (2032, tiempo en el que estaba previsto que la sostenibilidad del Sistema está asegurada), puede empezar a actuar ya, y no porque la sostenibilidad esté peligrando ya, sino porque la compleja fórmula que se viene barajando para su aplicación plantea al Gobierno una doble vía de ajuste que supone en ambos casos cuantías inferiores en las pensiones futuras. Ya no se va a tener en cuenta el IPC (coste de la vida), sino solo la evolución de ingresos y gastos del propio Sistema, peor aún puede ser para los futuros jubilados para los que se ligará la cuantía a la esperanza de vida en cada momento. De modo que lo que es un logro científico y social encomiable (la alta esperanza de vida, quizás la más alta de Europa), pasa a ser un hándicap de cara al bienestar de los mayores en el futuro.
Otro montón de dudas se ciernen sobre la edad de jubilación. Cuando el Gobierno de Zapatero modificó la edad de jubilación para elevarla a los 67 años, de forma progresiva, después del año 2027, toda Europa debatía en este sentido, porque es verdad que el equilibrio cotizante-perceptor se tambalea como consecuencia de la esperanza de vida elevada y el también elevado desempleo, pero entonces había un espíritu mucho más constructivo entre quienes debatíamos en la Comisión del Pacto de Toledo y nadie, fuera de derechas o de izquierdas, se atrevió a proponer medidas drásticas porque también estaba presente la inquietud de todos porque las pensiones fueran suficientes y se fueran aproximando a las pensiones de los europeos. Ahora no se ve el mismo espíritu: el grupo de “sabios” tiene muy claro a qué patrón sirve. Les importa muy poco que España dedique actualmente 2,6 puntos menos de su riqueza que la Eurozona al pago de sus pensiones. Ante las críticas recibidas en relación a la vinculación de la gran mayoría de los “sabios” a las entidades aseguradoras privadas el Secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, no ha dudado en subrayar que “el Pacto de Toledo es firme defensor de la complementariedad público y privada desde su fundación”.
Hay que admitir que es así, pero yerra al ser tan categórico al afirmarlo, porque únicamente aparece como una posibilidad admitida tal complementariedad. Es más, el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo recoge en tal sentido que “la Comisión sigue valorando positivamente que la protección social voluntaria, además de orientarse específicamente a un horizonte de ahorro a medio y largo plazo, sirva de complemento y mejora a las prestaciones de la Seguridad Social, salvaguardándose siempre el principio y las bases del sistema público de pensiones, y reafirmando que dichos sistemas complementarios tienen como objetivo el complementar y no el sustituir a las pensiones públicas”. Pero lo que resulta mucho más esclarecedor del espíritu de aquella Comisión es la inclusión de una Recomendación previa y fundamental que contó con la unanimidad de todos los grupos: “La Comisión defiende el mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones, basado en el reparto y en la solidaridad”.
La futura Reforma de las pensiones ya está servida. Será importante que el Gobierno piense en todos los mayores que quieren conservar su dignidad, que saben que una pensión, aunque se trate de la máxima, no sirve para convertir en rico a quien no lo sea ya. Si piensa así, deberá lo primero de todo tranquilizar a quienes han escuchado rumores infundados de agoreros que creen, y anuncian a los cuatro vientos, que llegará un día en que no lleguen las pensiones para todos. Puede ser que lo que quiero aportar ahora a esta reflexión, alguno lo considere una verdad de Perogrullo, pero no me resisto a mostraros la aportación sencilla y sincera del Catedrático de la UPV Ignacio Zubiri en la Comisión del Pacto de Toledo: “El Sistema actual de pensiones es sostenible siempre que se acepte que parte de las pensiones se pueden pagar con ingresos generales del Estado… Esto implica que es necesario instrumentar un conjunto de medidas y compromisos que expliciten que, en caso de necesidad, se aportarán estos recursos y qué recursos se aportarán…Al mismo tiempo es preciso mejorar la equidad del sistema y la garantía que tienen los ciudadanos acerca del cobro de las pensiones futuras”. La intervención del Catedrático vasco aportó otras muchas esperanzas, como dando a entender que lo que hay que perseguir es un sistema que garantice la dignidad de los mayores, y hacer sostenibles las vidas, mucho más que hacer sostenible solamente el Sistema tal como fue concebido hace más de medio siglo. No debemos olvidar que las pensiones no son ajenas al Estado y a sus obligaciones protectoras de los ciudadanos, sobre todo de los más vulnerables.
Fdo JOSU MONTALBAN
