LOS INMIGRANTES Y EL ALCALDE DE VITORIA
Mientras escribo este artículo aún se sigue discutiendo en torno a las palabras que el alcalde de Vitoria, - poco antes se había expresado en el mismo sentido el de Sestao -, ha dedicado a los inmigrantes: “Los inmigrantes magrebíes vienen a vivir de las ayudas sociales”. Al mismo tiempo les acusó de no tener ningún interés en integrarse socialmente ni en trabajar. En este asunto llueve sobre mojado. Las palabras del alcalde Maroto solo sirven para fortalecer a una opinión pública que repite el mismo estribillo como si se tratara de una bandada de papagayos. Los ciudadanos repiten frases muy parecidas a las que ha pronunciado Maroto, hasta tal punto que el ínclito alcalde ha dicho, para explicar su “boutade”, que él “dice lo que dice y lo que piensa la gente”. Sin embargo él no debe decir las cosas porque las piense la gente sino porque esté convencido de que está diciendo la verdad, y que cuanto dice puede ser corroborado mediante la presentación de los pertinentes datos.
Como es lógico el Consejero Aburto, que es el responsable de la administración de las ayudas sociales, ha salido a responder y ha puesto sobre la mesa los datos que demuestran que las palabras de Maroto, como las de la gente que piensa como él, son una ignominia contra personas que sufren la doble exclusión de ser pobres y de ser inmigrantes. Con este motivo nos estamos enterando de que la RGI (Renta de Garantía de Ingresos) no puede sobrepasar los 875 euros mensuales cuando se trata de familias compuestas por tres o más miembros; de que más del 61% de los perceptores de la RGI son españoles; y de que seis de cada diez demandantes son mujeres: Igualmente de que quienes perciben cantidades superiores, aunque siempre inferiores a los mil euros, son los pensionistas que soportan cargas familiares importantes, cuyas familias tienen tres o más componentes.
El Consejero de Empleo y Políticas Sociales se ha cabreado, y con razón. Ha reclamado rigor y responsabilidad a quienes, por ser titulares institucionales, tienen la obligación de conocer los detalles concernientes a aquello que dirigen y administran. Tiene razón el Consejero cuando insta al Alcalde a que no hable en abstracto y a que si tiene datos o indicios de posibles fraudes en las ayudas sociales, los denuncie. Sin embargo, el Alcalde persiste en su empeño descalificador de los inmigrantes, fortalecido por los apoyos recibidos por sus compañeros de grupo político. Y dado el carácter oportunista y cicatero con que suelen actuar otros líderes de todos los partidos, alentado por quienes aprovechando la oportunidad no han dudado en esbozar dudas respecto al control público de las ayudas sociales. Al parecer, el fraude que cometen los más pobres preocupa mucho. Así debe ser, por eso han resultado juiciosas las peticiones que, procedentes de diversos ámbitos, han reclamado que se extremen los controles en las ayudas sociales.
En el intercambio de dimes y diretes los populares, como compañeros del Alcalde, han preguntado al Lehendakari si no le preocupa el fraude que se produce en la cifra global de RGI otorgadas cada año. La cifra correspondiente a ese fraude fue suministrada al mismo tiempo que se ofrecieron los datos sobre las cantidades y requisitos requeridos para tales ayudas: en dos años la bolsa de fraude ha estado en 53 millones de euros, es decir, poco más de 5% del montante económico de todas las RGI otorgadas. No muy abultada teniendo en cuenta que se han destinado 435 millones de euros anuales a RGI durante cada uno de los dos últimos años. Y muy poco abultada si la comparamos con la cifra que han aportado los Técnicos pertenecientes al Sindicato de tal del Ministerio de Hacienda, relativa al fraude fiscal anual que ha sido de aproximadamente 13.500 millones anuales, los cuales supondrían una recaudación de 2.415 millones de euros, más o menos 45 veces lo que supone el fraude en las ayudas sociales destinadas a RGI.
Tras ofrecer estos datos, prefiero abordar este asunto desde una visión ética o, al menos, humana. Resulta sobrecogedor que se ponga tanto empeño en exigir a los de fuera lo que muy pocas veces exigimos a los de casa. Sí, no me he equivocado en la nomenclatura utilizada. Es intencionado el uso de “los de fuera” y “los de casa” para distinguir a los inmigrantes de los naturales o nativos. Urge una definición concreta del término “inmigrante”, pero no tanto de las condiciones que deben producirse en cualquier proceso migratorio, sino de las características y condiciones que definen a tales personas una vez que ya han emigrado y se han instalado en su país o lugar de acogida. Llegados a su destino, ¿son personas iguales, que disfrutan de los mismos derechos y deberes que las que encuentran a su llegada? ¿Son hombres y mujeres iguales a los hombres y mujeres con los que se encuentran al llegar? Es verdad, - y es bueno y necesario -, que los flujos migratorios deben ser cuantificados, y que la población de un país no puede quedar al arbitrio de llegadas incontroladas de personas pero, ¿hay alguna norma de comportamiento que se pueda considerar ética, que justifique las expulsiones que se producen de vez en cuando, de quienes han arriesgado sus vidas para llegar a su “tierra prometida”?
La Ley son las leyes, que deben de ser cuanto más justas. La Ética son los comportamientos, que tienen que ser como mínimo decentes. Una Ley que no está basada en la Ética no puede ser ni justa ni decente. En el caso que da pie a este artículo el Alcalde de Vitoria ni ha sido justo ni ha sido decente. No ha sido justo porque no ha dicho que los inmigrantes no cumplan la Ley sino que, valorando algo tan subjetivo como las intenciones de los inmigrantes, les ha acusado de no querer integrarse, ni siquiera trabajar en labores remuneradas, sin ofrecer ninguna prueba demostrativa de ello. Peor aún, la indecencia se acrecienta cuando se erige en portavoz social al decir que sólo ha dicho en voz alta lo que la gente piensa pero no dice. Responsables públicos de esta calaña no son buenos para los tiempos que corren. ¿Alguien ha escuchado al susodicho Alcalde decir algo peyorativo contra quienes roban utilizando el fraude fiscal, muchos de ellos más cercanos a sus siglas políticas que a las demás? ¿Acaso ha criticado a quienes se han beneficiado económicamente poniendo a sus padres ancianos o a sus niños al cuidado de los inmigrantes, sin firmarles contrato ninguno y pagándoles por los servicios prestados mucho menos de lo que pagarían a un cuidador nativo? ¿Ha puesto el grito en el cielo al comprobar las deficientes condiciones de un porcentaje muy grande de los inmigrantes?
Estoy convencido de que el susodicho alcalde y todos esos que, según afirma, piensan como él, no ven a una persona cuando están ante un inmigrante, pero no tanto porque sean xenófobos como porque son unos clasistas de tomo y lomo. Lo que a ellos les molestan son los pobres, no los diferentes, porque aceptan y vitorean a los chinos ricos, a los negros ricos, a los indígenas ricos, en suma, a los ricos al margen de otras circunstancias. Pero quieren también redimirse, por eso cubren su insolidaridad, su egoísmo y su escasa vergüenza con esa afirmación ignominiosa: “son ellos, los que vienen de fuera, los inmigrantes, los que no tienen ningún interés en integrarse ni en trabajar”. ¡Ignominia! ¡Ignominiosos!
Fdo. JOSU MONTALBAN
