PRIVATIZACIONES: LO MÍO Y LO NUESTRO
La economista Angels Martínez i Castells ha escrito en uno de sus trabajos que “existe la extendida creencia de que el dinero público no es de nadie y sí lo es: nuestro”. Esta frase encierra en sí misma una explicación para la desidia con la que muchos gobernantes han administrado los fondos públicos. Ha habido quienes, amparados por la creencia de que nadie llegara a pedirles cuentas gobernaron de forma irresponsable, y ha habido quienes han ido mucho más lejos, e igualmente amparándose en esa falta de control de la ciudadanía, no han dudado en corromperse de la forma más grosera, apropiándose del presupuesto público, trasladando los fondos que son de todos a sus cuentas particulares, sirviéndose para ello de cómplices y testaferros que han puesto sus empresas como intermediarias entre las Instituciones Públicas, la sociedad y sus intereses. Estos comportamientos llegaron a pasar desapercibidos durante mucho tiempo, no solo porque no se hubieran puesto los suficientes medios de control, sino porque nadie, -ni intelectuales ni ideólogos ni partidos políticos-, educaron suficientemente a los ciudadanos para convencerles de que lo público debe ser cuidado y administrado con el mismo celo con que se cuidan las propiedades privadas. Alguien se preguntará: ¿pero era necesario recordar esto que es tan obvio? Pues sí, como se ha visto.
La corrupción ha ido poniendo su grano de arena en el descrédito de la Política y de los políticos. Los ciudadanos consideran que la corrupción es norma y no excepción, por eso la Política es una disciplina tan denostada, y los políticos son considerados el problema más importante de cuantos padecemos, por encima de quienes desde el ámbito económico y financiero han convertido la actual crisis en una losa que aflige en exceso a quienes tanto la padecen. Puede admitirse que los dirigentes políticos han sido demasiado condescendientes con tales excesos, que no han reaccionado a tiempo frente a quienes, para lograr sus objetivos, han requerido favores y decisiones del mundo político, de los gobernantes. El asunto no es tan reciente como pueda parecer, pero en los últimos años los ciudadanos han sido espoleados por la difícil situación: más pobreza, menos estabilidad en el empleo, mayor desigualdad social, ricos desmesurados compartiendo espacio con pobres de solemnidad, injusticias a granel, agravios comparativos, futuro oscuro… Este ambiente ha encontrado voces que denuncian a quienes tienen en sus manos las posibles soluciones, que están en manos de los políticos, de las instituciones y de los gobiernos. Pero lejos de profundizar en el debate ideológico, la discusión se está entreteniendo demasiado en determinados detalles que, siendo importantes, no son esenciales. Cierto es que se debe acabar con los privilegios excesivos que benefician al ámbito político en algunos organismos, pero el conflicto social no se queda en eso, de modo que la obsesión con la que algunos quieren arrasar a la “clase política”, llevará a convertir la Política en un aposento para que opulentos, poderosos y aristócratas acudan a él con el fin de preservar sus fortunas, su poder o su rango social.
Conviene incidir en algo fundamental para los tiempos que vivimos y sufrimos. El descrédito de los políticos se ha traducido en un convencimiento, tan erróneo y poco contrastado como gratuito, por el que se considera que en el ámbito de lo privado se gestiona con mayor eficacia y eficiencia que en el ámbito de lo público. Falso. En su misma esencia, si el descrédito de los “servidores” públicos está fundamentado en buena parte en que no se pone el rigor y dedicación suficientes a la hora de administrar lo que es de todos, habremos de convenir en que el sector privado tiene depositadas sus esperanzas y objetivos en su propio ámbito, en sus beneficios y en sus fortunas. Que su forma de ser, una ética “sui generis” más o menos arraigada, o unas prácticas acostumbradas a su concepto de decencia también “sui generis”, no parecen suficiente para garantizar el beneficio social de la propiedad privada.
El sistema capitalista, que ya no es privativo del tradicional capitalismo porque ha sido abrazado por fuerzas e ideologías que se dicen socialdemócratas o socioliberales, está dominando este Mundo en ebullición, agitado por los Mercados, en el que lo único intocable es la propiedad privada. Falsamente, se subraya que el derecho a la propiedad privada es inviolable y constituye un modo de hacer evolucionar esta sociedad con las máximas garantías. El afán de superación de los propietarios, tanto para mantener dichas propiedades como para acrecentarlas, se presenta como el medio más infalible para la prosperidad de todos. Las ideologías que se fundamentaban en el sentido social de la propiedad solo anidan en la mente de unos pocos que, empeñados en conseguir la mejoría de todos, acaban en los escalafones más bajos de la sociedad.
Las privatizaciones de empresas y servicios públicos, que vienen siendo tan frecuentes en las últimas décadas, solo son una forma de convertir en propiedad privada lo que ha sido de todos. En nuestro país las privatizaciones han venido sucediéndose al mismo tiempo que se han ido disminuyendo los impuestos, de modo que quienes se han ido adueñando de lo que era capital público a través de esas privatizaciones, a la vez han ido pagando menos al Estado. Al tiempo que los caudales públicos han ido disminuyendo , a la vez que el patrimonio público ha ido descendiendo, el capital y los beneficios de las empresas privadas se ha ido acrecentando. Para la economista Angels Martínez, y también para mí, “a lo que más se parece la privatización de empresas públicas en muchos casos es a un robo con desfalco que debería figurar en el Código Penal”. Si aplicamos la lógica más simple resulta evidente que las empresas y servicios públicos no deben supeditar su gestión a la obtención de beneficios como lo hacen las entidades privadas, luego tales beneficios han de salir de otros factores cuando tales empresas o servicios son privatizados: menores salarios de los trabajadores, ajustes de plantilla por medio de despidos, menor calidad en los servicios y las instalaciones, ratios de personal/usuario más reducidos, etc…
Cuando las privatizaciones se convirtieron en consignas políticas, lo hicieron de la mano de organismos sin ninguna vocación social. Ni el Banco Mundial, ni el Fondo Monetario Internacional (FMI), ni la Reserva Federal de EEUU, que se reunieron, entre otros, para promulgar el Consenso de Washington en 1990, como preámbulo del Consenso de Bruselas, en Europa, estaban pensando en los ciudadanos ni en el bien común. Lo triste es que tales Organismos aún siguen tutelando las políticas económicas y financieras que tanto influyen en nuestras apesadumbradas vidas. ¿Qué implicaron tales Consensos? Recorte del gasto público, recortes tributarios para que los ricos paguen menos y limitación del déficit. De esta manera los Estados aplicarían sumisamente estas medidas, tal como lo está haciendo el Gobierno español, en beneficio de sus adeptos más aventajados y de su clientela en general. Si nos atenemos a cuanto ocurrió en el momento de dictarse tales Consensos, hace más de veinte años, está aconteciendo precisamente lo mismo que ocurrió entonces: estalló con gran virulencia una crisis y las tasas de paro ascendieron de forma alarmante en toda Europa. Tal ha acontecido aquí, donde tras más de un año de Gobierno ultraconservador del PP, ningún parámetro ha evolucionado favorablemente.
Lo más grave y urgente es, hoy, atajar ese afán privatizador que amenaza con hacer lo propio de modo generalizado con la Sanidad y los Servicios Sociales. Sin olvidar que las sucesivas privatizaciones de los ferrocarriles y las autopistas, estas últimas conseguidas de forma subrepticia mediante la imposición de peajes, pueden dejar incomunicados (o insuficientemente comunicados) muchos pueblos y ámbitos rurales de la España más diseminada.
La privatización de Hospitales, Ambulatorios y Centros de Atención Social redundarán en una menor cobertura de los servicios, en una calidad inferior y, eso sí, en un trasvase de fondos públicos a bolsillos privados. Siendo, como es, así, ¿a quién debe extrañar que los profesionales de la sanidad madrileña hayan salido a la calle? No hay otro remedio para amortiguar la desvergüenza de esta derecha española que nos gobierna. Decía el Consejero de Sanidad de Madrid que la Huelga ya había supuesto la anulación de un número determinado de consultas e intervenciones. Sí, pero ¿ha calculado cuántas consultas e intervenciones van a ser disminuidas a lo largo de los años futuros, como consecuencia de las privatizaciones? Me quedo con la puntualización ya señalada antes: estas privatizaciones constituyen un auténtico robo con desfalco cuyos efectos los sufrirán la gran mayoría de los ciudadanos, y de cuyos efectos económicos se beneficiarán unos pocos capitalistas.
Y termino. El dilema es bien sencillo. Se trata de optar entre “lo mío” o “lo nuestro”. Yo pienso que el slogan podría ser: “Todo es mío porque todo es nuestro”. Por eso apuesto indefectiblemente por lo público. Pero el sistema capitalista, que a unos dirige mediante el convencimiento y otros sufrimos a pesar de su propia debilidad ideológica y ética, obliga a enfatizar “lo mío”, dejando “lo nuestro” como una sucinta participación en los beneficios que, remisamente, aporta “lo mío” a la colectividad a través de unos impuestos tan limitados que parecen mera caridad. Quizás por eso, tras estas reflexiones, cada vez me parece más abominable el concepto “propiedad privada”, al menos, tal como ahora se utiliza.
Fdo. JOSU MONTALBAN
