LA CORRUPCIÓN POLITICA
Da la impresión de que la corrupción está en todos los lados. Sí, es cierto. Pero cuando echa raíces en el ámbito de la Política, es decir, cuando se convierte en un hábito malsano y criminal de quienes gestionan las Instituciones públicas, la corrupción se convierte en un virus mortal para la democracia y un impedimento brutal para la convivencia de los diferentes.
La sociedad está compuesta por gentes diferentes: personas que viven de modo diferente, que hablan en idiomas diferentes, que se comportan siguiendo costumbres diferentes, que desean vivir en entornos diferentes, que participan de códigos de conducta diferentes… Quienes desde la Política pregonan que desean proteger y fortalecer la democracia y la convivencia pacífica, quienes se exponen a la elección de los ciudadanos después de haber desplegado ante ellos sus propuestas, han de partir de un punto común para todos, en el que estén garantizados unos comportamientos básicos fundamentados en la ética y la moral, que al fin convergen en un punto: el de la decencia. Ahí, en ese punto, deben coincidir las izquierdas y las derechas, los republicanos y los monárquicos, los nacionalistas, los separatistas y los centralistas, los vascos y los andaluces (por nombrar solo a algunos). Por eso, cuando los fenómenos de corrupción son descubiertos en el seno de una formación política, ha de ser esa formación la que empeñe su palabra en defenderse, pero el resto de formaciones han de medir sus reacciones, porque es la democracia y la convivencia las que están en juego, y no los resultados de las elecciones más próximas.
Cuando la corrupción ensucia a un partido político, el relato de los hechos viene acompañado de señales que corresponden a un tiempo y a un ámbito determinado. El tiempo siempre se corresponde con el esplendor y el predominio de un partido en las Instituciones. El ámbito se circunscribe a las propias instituciones y sus aledaños. Sin embargo, las instituciones tienen la misión de gestionar los servicios públicos, y de administrar los dineros públicos. Cualquier práctica perniciosa que desvíe fondos públicos hacia las manos o los intereses de los dirigentes de los partidos debilita los servicios públicos y enflaquece las arcas de las que sale el dinero destinado a sufragarlos. Por tanto, lo que la corrupción comporta no es solamente una trasgresión de quien se corrompe, sino una merma del papel que el Estado debe ejercer como protector de los ciudadanos y mantenedor de un orden social determinado.
Recapitulemos. ¿Qué han hecho los partidos políticos cada vez que un caso de corrupción ha afectado a alguno de sus dirigentes o cargos representativos? Lo primero, negar la mayor, mostrar una extrañeza perfectamente impostada ante las denuncias y construir una pared alrededor de los hechos denunciados. A partir de ese momento los líderes políticos se las han visto y deseado para buscar la coartada que permita sembrar suficientes dudas sobre las denuncias, como para que no se puedan resolver fácilmente. Peor aún, algunos recurren a la hemeroteca para desenterrar algún otro caso en sentido contrario, es decir, desarrollar la que se ha dado en llamar técnica del calamar: extender la tinta de tal modo que nadie quede libre de culpabilidad. Esta actitud no tiene por objeto resarcir de culpa a los denunciados, sino extenderla de tal modo que lo que debe ser percibido como una excepción se perciba como la regla de actuación más extendida. Se trata de una muy perniciosa actitud, impropia de quienes tienen la valiosísima misión de servir a la sociedad desde una ideología y unas instituciones que son de todos. En realidad quienes actúan de tal manera parten de la irresponsable equivocación de cree que es a la dirección de su partido a quien tienen que rendir cuentas, en lugar de hacerlo ante todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque en su partido encuentran una enfermiza complicidad.
Confunden voluntariamente el “reino” en el que viven y se protegen con el “reino” al que han de servir. Digo “reino” para equiparar mi reflexión con un texto de Confucio en el que relata un viaje en que llegó a un lugar y le informaron: “En este reino impera la virtud: si el padre roba, el hijo lo denuncia; y si el hijo roba, lo denuncia el padre”. A lo que Confucio respondió: “En mi reino también impera la virtud, pues el hijo encubre al padre y el padre encubre al hijo”. O sea, que cuando el político decide que se debe solo y preferentemente a su partido, y no a la sociedad a la que sirve, la corrupción se generaliza con mucha más facilidad. Este recurso al siempre socorrido Confucio no sirve como disculpa, ni para la inmundicia e indecencia de los políticos corruptos ni para la actitud conmiserativa y cómplice de los partidos.
Ante la eclosión hedionda y corrupta aparecida en los últimos tiempos en el seno del PP, la sociedad se muestra tan asustada como encolerizada. No le faltan razones porque la reacción de los líderes políticos es remisa e inútil. La palabra de moda es “transparencia”, es decir que se pueda ver todo. Sin embargo, hay legislación suficiente para advertir a los ciudadanos en general, -y por tanto, también a los que se dedican a la Política-, que apropiarse de lo ajeno es un delito, que no cumplir las leyes lleva inevitablemente a la pena y al castigo, además del descrédito público. ¿Por qué es necesario complementar esa legislación general con otras leyes específicas? Principalmente porque los partidos políticos han venido comportándose como auténticos refugios de atrevidos corruptos que han puesto la financiación de sus partidos en el frontispicio de sus fechorías, pero al mismo tiempo se han enriquecido, ellos y los dirigentes a cuyas órdenes han actuado. Han dicho algunos líderes políticos que “es necesario que los posibles corruptos sientan miedo a las penas que les puedan causar sus corrupciones”. Creo que se trata de una sublime estupidez. ¿No será mejor que los partidos políticos cuiden los comportamientos de sus afiliados sembrando buenas dosis éticas en ellos? ¿No será mejor que los partidos adopten comportamientos y reacciones de forma ejemplarizante cada vez que se presente un caso en su seno? ¿No sería mejor, de cara a mostrarlo ante la sociedad a la que sirven los partidos, que se subraye con menos ahínco la presunción de inocencia de los denunciados, teniendo en cuenta que en escasísimas ocasiones los imputados han resultado inocentes?
Creo que los partidos políticos, empeñados en la transparencia, pueden llevar a propuestas inverosímiles que redundan en lo ya existente. Se habla de la creación de una Unidad Anticorrupción específica para esos casos, que estaría formada por “inspectores incorruptibles” (tal término empieza a ser acuñado) que actuarían en todos los ámbitos. Bien, de acuerdo, pero ¿existe la incorruptibilidad: cómo se mide y comprueba? Se habla de impedir que las empresas implicadas en supuestos de corrupción no puedan contratar con organismos ni empresas públicas. También está bien pero, aunque sea verdad que a cada corrompido corresponde un corruptor, ¿no estamos hablando ahora de la corrupción de los políticos de forma específica? Se habla de que los delitos de corrupción precisan juicios homogéneos en sus conceptos e interpretaciones, por lo que será bueno que sean todos ellos juzgados por la Audiencia Nacional. Bien, aunque la Justicia, si es justa siempre, también será homogénea siempre. Y se dice que deben prohibirse las donaciones a los partidos políticos por parte de empresas privadas. Esta sí es una postura lógica porque quien dona a un partido (ideología) político ha de hacerlo a través de un proceso de reflexión que le lleve a apoyar una determinada causa política o social, y eso se hace desde la conciencia en su versión más genuina y profunda, que las empresas no tienen. De modo que solo queda la medida de publicar las cuentas públicas, las contabilidades de los partidos políticos y las declaraciones de la renta de los líderes. Pues bien, de eso trata la famosa transparencia que se pretende implantar mediante una ley específica.
Todo el dinero que cae en manos de quien nunca debiera caer es dinero robado a todos, uno a uno, a cuantos ayudamos a contar los cuarenta y tantos millones de habitantes del país. Se trata pues de regenerar el ámbito político y social, máxime en este tiempo en que son demasiados los españoles desempleados que sufren carencias muy importantes, los españoles amenazados por la pobreza, por los desahucios, por la pérdida de derechos básicos, por la reata de recortes y hachazos que, en algunos casos, ponen en práctica los mismos que condescienden con la corrupción y disculpan a los presuntos corruptos. ¿Basta con la transparencia? Probablemente no será suficiente ahora que está la corrupción en todas las páginas de los periódicos, salpicando inmundicia a todos los que han ocupado las instituciones en alguna ocasión y han ejercido el poder sin miramientos éticos. Ahora los ciudadanos reclaman confianza, que quienes dicen ir a las instituciones con vocación de servicio se comporten como servidores y no como amos.
Porque muchos de los episodios de corrupción que han tenido lugar, han sido protagonizados por partidos y por líderes políticos a los que se había votado de forma muy mayoritaria y se les había dado carta blanca para que gobernaran a sus anchas. Más aún, ha habido casos en que corruptos confesos han concurrido a nuevas elecciones y también han sido votados mayoritariamente. La consecuencia es que han de ser los propios partidos políticos los que laven su cara y se presenten ante los ciudadanos con una nueva faz, mucho más risueña y, además mucho más comprometida. Si los líderes políticos afrontaran los problemas de los ciudadanos aportando soluciones concretas en lugar de culpabilizarles de su propia situación, como hacen en muchas ocasiones, éstos les mirarían y valorarían con menos recelos y prevenciones.
Resumiendo. Sí a la transparencia, pero mientras no haya autoinculpaciones, los ciudadanos no van a confiar en políticos obstinados en mantenerse en el poder, erre que erre y pese a quien pese. Produce un bochorno asqueroso que la corrupción, que se muestra de forma tan nítida a los ojos de los más sencillos y normales, pase tan desapercibida para los más poderosos. ¿No creen ustedes que las leyes de transparencia, al final, adolecerán de las mismas limitaciones a la hora de ser interpretadas y aplicadas que otras leyes actualmente vigentes? Si el funcionamiento interno de los partidos políticos fuera democrático y escrupulosamente ético en todas sus facetas, su proyección externa también lo sería. Han de ser los partidos los que crucen el Rubicón, antes de que lo cruce la sociedad entera.
FDO. JOSU MONTALBAN