EL ESTADO DEL “ESTADO”
Una pátina, aunque espesa, de nieve cubre la realidad en esta
España nuestra que renquea víctima de la desidia y las perversas inclinaciones
del Gobierno del PP, incapaz de convertir el Estado, como Institución máxima en
lo social, en lo económico y en lo político, en un baluarte que proteja a sus
ciudadanos. Mientras la Providencia, casi siempre impredecible, ha adornado
nuestras montañas con nieve en unas fechas inoportunas, pues siempre lo son
para eso las que marcan el fin del periodo vacacional navideño, los españoles
hemos asistido a una vorágine difícil de interpretar y, por ende, bastante más
difícil aún de resolver.
No son pocos los asuntos que nos atribulan, pero sobre todo
son demasiadas las dudas e incertidumbres que, dispradas desde diferentes
flancos, nos producen miedo y hacen que nuestra visión del futuro sea oscura,
casi negra. Veamos los flancos que tenemos abiertos.
El sistema público de pensiones ha necesitado inyectar 15.000
millones de euros para poder hacer a los pagos correspondientes al año 2018. La
pobreza de los hogares españoles más precarios aumenta a pasos agigantados. El
amago de acuerdo para aumentar el salario mínimo (SMI) en los próximos años
choca con las condiciones drásticas en que debe moverse nuestra Economía que,
si no llegan a cumplirse, dejarían este acuerdo en agua de borrajas. La
precariedad del empleo genera en los trabajadores, -en su mayoría temporales y
eventuales-, inquietudes que merman su eficacia y provocan inseguridad en
quienes trabajan de ese modo. La proliferación de los episodios relacionados
con diferentes tipos de corrupción ha provocado una desconfianza perversa para
el sistema, que hace que la Política y los políticos sean vistos como los
generadores de los problemas en lugar de ser los llamados a resolverlos. La
distribución de las rentas, es decir de la riqueza, es tan desigual que ya
amenaza al orden público, con barrios excesivamente depauperados que lindan con
grandes y lujosas urbanizaciones. Las Rentas de Garantías (en otro tiempo
llamadas Ingresos mínimos de Inserción), -que no son realmente “rentas” por su
escasez y cuantías, y que no garantizan casi nada-, aún siguen vistas con
recelo por los dirigentes políticos, cuyas ideologías sociales y económicas
permanecen aletargadas en sus idearios impresos y casi nunca leídos ni
deshojados. Nada está ocurriendo que permita a los más humildes alentarse a sí
mismos y albergar esperanzas solventes.
Sin embargo resulta realmente preocupante la crisis por la
que pasa el Estado, como Institución que debe aglutinar y proteger a los
ciudadanos, y cuyos órganos de gobierno han de ser tan soberanos como
resistentes. Ahora mismo España es un Estado que está mostrando signos de
flaqueza, quizás como consecuencia del principio y el viejo tiempo del que
procedemos (régimen franquista, casi cuarenta años), y del oportunismo
interesado de las nuevas formaciones políticas, que ha debilitado nuestra
Democracia aprovechando todas y cada una de las crisis que hemos padecido
últimamente. Nadie puede poner en duda que los líderes emergentes (Rivera,
Iglesias), a derecha e izquierda, no alcanzan siquiera los más básicos niveles de aptitud y
solvencia de aquellos que recuperaron la Democracia en España (Suarez,
González, Carrillo, Arzallus, etc) en los tiempos de la Transición, pero la
conquista del poder, aunque sea usando añagazas y criterios ideológicos de
escasa consistencia, se ha convertido en un fin, un objetivo en sí misma:
quítate tú para que me ponga yo… Urge, pues, recuperar un Estado fuerte que
muestre un rostro convincente y demuestre en cada trance, favorable o adverso,
que está basado en unas estructuras firmes y que tiene soluciones para cada uno
de los problemas que se presenten. La Democracia muestra su máxima eficacia
cuando va de la mano de un Gobierno solvente y, sobre todo, tan justo como
poderoso.
El comportamiento del Gobierno español en el “procés” catalán
sirve para constatar de una vez la debilidad del Estado como Institución, y el
miedo de la clase política que teme que servirse de la contundencia del Estado
para resolver los contratiempos pueda ser interpretado como una muestra de
déficit democrático. Curiosamente, los partidos políticos muestran energías y
convicciones mucho más contundentes cuando se trata de resolver las indisciplinas
de sus militantes en su propio seno, que cuando la rebeldía tiene lugar entre
los ciudadanos y el Estado. (Por ejemplo, en el “procés” catalán no han faltado
los líderes de otras formaciones y latitudes españolas que han mostrado su
deseo de que la Justicia no actúe con rigor, incluso dejando libres y a su
antojo a los rebeldes “sublevados”). La consecuencia es un Estado pacato y
remiso que no se atreve a imponer leyes y normas que nos hagan a todos más
iguales y, sobre todo, que el Estado tantas veces vilipendiado como “opresor”,
deje de ser valorado como protector.
España, como Estado, atraviesa una profunda crisis de la mano
de un Gobierno, corrupto en su herencia, que no quiere comprometerse con los
españoles, sobre todo con los más humildes. No es el problema territorial el
importante, aunque sea tan urgente resolverle mediante una financiación que no
solo distribuya mejor y más equitativamente los fondos, sino que controle los
gastos excesivos para que no tenga que aplicar medidas de emergencia. Es su
déficit más importante, la asignatura pendiente que aún sigue sin ser aprobada
porque a ninguno de los sucesivos Gobiernos españoles se le ocurrió siquiera
presentarse al examen. Para cubrir el expediente, cuando España se erigió en
Estado de las Autonomías, alguien pensó que las Comunidades Históricas
(Euskadi, Cataluña, Galicia, etc…) bien podían dar pie a la consideración de
tal de otras diez o doce más en la geografía española, pero mientras Euskadi
partía de unas estructuras históricas y una vocación firme de autogobierno,
muchas de las otras no lo hicieron en la misma medida porque estrenaban un
estatus que nunca habían tenido.
No se trata de un Estado fallido, como los detractores
antidemocráticos y populistas quieren proclamar, pero sí atraviesa un estado de
crisis que reclama cambios, sobre todo uno esencial, que le fortalezca, que
silencie lo antes posible las voces de protesta de los dirigentes regionales,
que se alertan sin motivo formal ante los acuerdos del Cupo y Concierto vascos,
y que culmine con entereza y templanza el mapa autonómico. Es necesario un
Estado que no se tambalee porque Cataluña (o cualquier otra) toque a rebato,
sino que responda con la Ley en la mano, el Estatuto respectivo en el pecho y
los oídos bien abiertos. Pero, ¡cuidado!, la Ley es por el momento lo que nos
iguala a todos los españoles y nos hace responsables y corresponsables de la
libertad de todos.
El Estado ha de ser el que fije nuestras obligaciones, nos
ampare y proteja, articule y afiance las medidas pertinentes para dulcificar
nuestras vidas… Es evidente que la ideología de los gobernantes influye en los
modos de vida de los gobernados, que los partidos políticos han de ser garantes
de los principios ideológicos que rijan la Política en cada momento, pero el
Estado debe erigirse en una Institución solvente y poderosa que garantice la
Democracia que con tanta fruición se asoma a nuestras bocas.
Fdo. JOSU MONTALBÁN
