LOS POBRES, EN ENTREDICHO
Los pobres están en entredicho. Cobran muy poco, apenas unas
migajas que caen de las mesas de los epulones, que son los ricos y acomodados,
pero los periódicos se llenan de noticias que cuestionan sus comportamientos y
les tachan de tramposos, de hacer fraude a las arcas públicas, en resumen, de
ser ladrones. A mí me surge una primera conclusión: para ser ladrones da la
impresión de que los pobres no lo son demasiado o, en todo caso, se conforman
con muy poco. Cualquier rico “ladrón” se embolsa fraudulentamente, mediante el
famoso fraude fiscal, mucho más que lo que pillan los pobres con sus picardías
u omisiones de datos.
Cualquier disculpa o circunstancia sirve para cuestionar e
intentar desacreditar a quienes perciben ayudas económicas para mitigar sus
carencias y hacer que sean un poco menos pobres, que no ricos. Por si fuera
poco en los corrillos de gente en los que se habla de forma divertida e
intrascendente, se repiten hasta la saciedad los comentarios hirientes hacia
todos los que perciben las ayudas, solo porque se hayan podido descubrir
comportamientos engañosos y fraudulentos de quienes tienen la poca decencia, y
ninguna vergüenza, de robar metiendo la mano en la bolsa destinada a los parias
de la Tierra.
Hace muy poco tiempo apareció este titular en un diario vasco
de gran tirada: “La trama pakistaní cobró al menos 469.000 euros de la RGI
(Renta de Garantía de Ingresos) con pasaportes falsificados”. Y claro, durante
ese día y siguientes las calles, los parques y las barras de los bares se
llenaron de comentarios sin que la mayoría de ellos de pararan a comprobar que
se trataba de una estafa que, como todas las estafas de cualquier género, se
había servido de artimañas y engaños, de falsificaciones (al menos trece
identidades distintas soportadas en documentos falsos) y demás artilugios
burladores de la Ley. A muy pocos “comentaristas” de esos se les ha ocurrido pensar que aquella
estafa ha formado parte de la excepción y no de la regla. Desde la derecha
conservadora (y algo cavernícola) se han prodigado en descalificaciones del
sistema extendiendo la irresponsable idea de que las ayudas sociales son un
coladero de cobros irregulares e indebidos que, llevado al último extremo,
permite a los más necios e interesados divulgar la noticia de que hay quien
pasa de pobre a rico mediante el cobro de estas ayudas.
Cada vez que surge una noticia extraña en este sentido, como
la ya aludida de la trama pakistaní, afloran las explicaciones pertinentes (e
impertinentes): la derecha se empeña en criminalizar a todos los que cobran las
ayudas y a desacreditar las leyes, condiciones y reglamentos que las regulan, y
la izquierda recurre a otros fraudes mucho más abultados (como el fiscal, por
ejemplo) como contrapeso, generando un debate absurdo en el que tirios y
troyanos manotean los unos contra los otros, aunque sin dejar ni un solo
espacio a la reflexión desapasionada, que siempre resulta más útil y razonable.
Esa reflexión se deja para quienes tienen el deber y la obligación de hacer las
leyes y controlar su cumplimiento, es decir los gobernantes e Instituciones
Públicas a las que les corresponde apagar las fogatas que prenden los
“estafadores” clandestinos y los ricos que buscan hacer cree a todos que sus
fortunas son tan lógicas como conseguidas en base a esfuerzos ejemplares.
Ved, queridos lectores, los titulares que provocó la noticia
sobre la trama pakistaní. “El fraude de la RGI se limita al 0,3% de las ayudas
tras haber efectuado 135.000 revisiones”, ha informado LANBIDE, al tiempo que
ha salido al paso de las críticas anunciando una revisión y posible reforma del
sistema. Por su parte una parlamentaria vasca del PP se ha permitido afirmar
que “llevamos mucho tiempo conociendo situaciones de irregularidades, abusos y
fraudes en la percepción de ayudas sociales”, como si tal hecho hubiera colmado
su paciencia. Y para profundizar en su preocupación impostada añadió casos de
“tramas que falsifican pasaportes, perceptores acusados de tráfico de drogas o
yihadistas”. Esta actitud solo puede responder al atrevimiento desmedido. Por
eso la respuesta de la Consejera de Empleo ha sido atinada: “LANBIDE no
pregunta al que pide la RGI si tiene intención de atentar o si ha atentado ya…,
de eso se encarga la Policía”. La diplomacia parlamentaria, tal vez, le impidió
recordar otros casos en que los estafadores del dinero público no pasaron a
presentar ninguna documentación que justificara sus acciones, léase Granados,
Rato, Blesa, Matas, Soria, Camps, etc…, lo cual les ha llevado a la cárcel o a
los Tribunales de Justicia.
Con excesiva frecuencia se recurre a la necesidad de
intensificar el control de las ayudas sociales. Como si los ardides de
Rinconete y Cortadillo o las habilidades del Lazarillo de Tormes, -que comía
las uvas que les regalaban de tres en tres mientras su jefe las comía de dos en
dos-, fueran tan graves como las apropiaciones y vidas holgadas de sus
patrones. El Gobierno Vasco ya ha anunciado una reforma inminente para atajar
el fraude en la RGI. (“Las ayudas de la RGI están bien concedidas, pero quizá
hay que mejorar el control”, ha precisado el Lehendakari en un intento de
“templar gaitas” con los inconformistas del PP). Lo cierto es que este debate
constituye una perversión más del sistema económico y social en que vivimos que
nos somete, con una beligerancia creciente, a vivir con riesgos más evidentes
de llegar a convertirnos en pobres. Las crecientes carencias son, además de
fuentes de diversos tipos de sufrimiento, el prolegómeno de un aterrizaje
forzado y muy doloroso en la pobreza.
El Lehendakari hizo una aseveración importante: “Por treinta
casos de fraude no se puede estigmatizar a los 64.000 perceptores de las ayudas
sociales”. Frente a las gratuitas aportaciones de los concejales del PP de
Bilbao, que ven un más que posible estafador o defraudador en cada perceptor de
la RGI, deseo culminar este artículo con dos frases del concejal (y amigo)
Iñigo Pombo, al que le avalan bastantes años de lucha y compromiso social: “El
fraude fiscal de los ricos es mucho más voluminoso que el de los pobres en la
RGI”, y esta otra, “nuestro objetivo es que nadie que necesite una ayuda
económica se quede sin ella”.
Cuando, allá por 1989, se implantó en Euskadi el Plan
Integral de Lucha contra la Pobreza (que fue el preámbulo del actual sistema de
RGI y otras ayudas sociales), los vascos estábamos asumiendo un compromiso con
los más pobres y necesitados, en un tiempo de crisis y carencias que parecía
pasajero, pero la evolución y el tiempo han convertido aquello en algo ya
estructural por más que los ricos, los “populares” y los insolidarios se
empeñen en desacreditarlo, dando a entender que se trata de un refugio
atiborrado de “ilegales”. A la RGI actual se la llamó entonces “Ingreso Mínimo
de Inserción” que, vistos los acontecimientos, me parece un nombre más acertado
que el actual, porque lo que la RGI aporta es mucho más “mínimo” que “garantizador”
o suficiente para casi nada, aunque constituya el hálito de la supervivencia de
los pobres.
Habría que pedir a quien pone el grito en el cielo por el
exiguo fraude de la RGI que recurra a su propia humanidad, a la solidaridad
inherente a ella, o a la caridad si es cristiano, para evitar culpabilizar a
los pobres de su pobreza, pues no en vano la existencia de pobres denota la
existencia de ricos, aunque existan en mucha menor cantidad… Ricos que, por lo
general, son mucho más insolidarios.
Fdo. JOSU MONTALBAN
