“¿SERÁN UN PROBLEMA LAS PENSIONES?”
Hace aproximadamente un mes el catedrático de Hacienda
Pública Ignacio Zubiri, contestando a las preguntas del entrevistador en
relación con el futuro del sistema de pensiones dijo lo siguiente: “Hay una
idea generalizada de que el sistema de pensiones se tiene que financiar
exclusivamente con las cotizaciones sociales. Esto va en contra de la
experiencia histórica hasta 1995 y en contra de lo que hacen la mayoría de los
países”. La entrevista continúa hasta que el catedrático responde a la pregunta
definitiva: “¿Quién tiene que pagar el coste del sistema de pensiones?”. A lo
que responde: “En Europa, las pensiones se actualizan según el IPC o los
salarios. España ha optado por pagar las pensiones con las cotizaciones de los
trabajadores”. Y como esa condición supone intranquilizar a los propios
pensionistas y a quienes aspiran a serlo, termina: “En el largo plazo la
economía genera recursos suficientes para que una combinación entre
cotizaciones, impuestos y, en su caso, deuda, se puedan financiar unos niveles razonables de las pensiones. En
resumen, que “los impuestos deben financiar las pensiones”.
Ignacio Zubiri es una de las mentes más lúcidas de cuantas
vienen opinando al respecto, por la sencillez de sus reflexiones y, sobre todo,
porque quienes ya son pensionistas, y quienes están más cerca de serlo,
encuentran en sus opiniones una seguridad que no hallan en las declaraciones de
los responsables políticos e institucionales. Los constantes debates al respecto,
que se vienen sucediendo cada vez que los líderes políticos son abordados,
generan una gran inquietud porque se producen como consecuencia de opiniones
tremendistas que no suelen tener en cuenta la razón de ser por la que las
pensiones fueron implantadas, de modo que su mantenimiento y sostenibilidad,
cuando son cuestionados, constituyen una amenaza brutal en el sistema de
bienestar y en los modos de convivencia de los ciudadanos. Si, como ocurre
ahora, la crisis económica y el alto índice de paro han convertidos a los mayores, pensionistas,
en el sostén de los hogares de sus hijos desempleados, cualquier opinión poco
meditada se convierte en una agresión.
La protección social, que en una de sus facetas ha devenido
en los servicios prestados por la Seguridad Social, tiene su punto de arranque
en la Comisión de Reformas Sociales, allá por el año 1883. En el año 1931 se
legisló por primera vez al respecto, en el artículo 46 de la Constitución que
aprobó la II República española: “El trabajo, en sus diversas formas, es una
obligación social, y gozará de la protección de las leyes…”. No obstante la
Guerra Civil se llevó por delante las buenas intenciones de la República.
Incluso durante el franquismo se hizo algo al respecto promulgando el Fuero del
Trabajo, por el cual el Estado se comprometía a ampliar los seguros de vejez,
invalidez, enfermedad, etc… En 1963 apareció la denominada Ley de Bases de la
Seguridad Social. Pero fue la Democracia la que consolidó todos los intentos
anteriores. Como consecuencia de los Pactos de la Moncloa, que fueron la
antesala de las grandes reformas, y contaron con la participación de todas las
formaciones políticas que protagonizaron la Transición, se produjo la primera
gran reforma mediante el Decreto de 16 de Noviembre de 1978, por el cual se
crearon las diferentes instituciones que hoy conforman y gestionan el sistema
de la Seguridad Social en España.
Desde aquel momento se han venido articulando acciones y
medidas que han tenido como objetivo apuntalar y mejorar los sistemas de
protección socias, concretamente y preferentemente el sistema de pensiones que
en todo momento se ha visto amenazado por factores tan fundamentales como la
demografía y las fluctuaciones de los niveles de desempleo, que han tenido un
impacto importante en la Tesorería de la Seguridad Social. Fueron esas
preocupaciones las que llevaron, en 1995, a la firma del famoso Pacto de
Toledo, igualmente con el apoyo de todas las fuerzas políticas y sociales.
Dicho Pacto partió de un análisis previo, decidió un diagnóstico común y
estableció una dinámica de acción que muy bien puede ser considerada una
terapia, basada en una hoja de ruta para conseguir la estabilidad financiera
del sistema en general y de las prestaciones que estaban presentes en aquel
momento en la Seguridad Social. Conscientes de los altibajos de la economía y
de los cambios que se producían en el mercado de trabajo, se creó un Fondo de
Reserva que tenía por objeto ahorrar en los tiempos de bonanza e invertir lo
ahorrado para poder usarlo cuando llegaran las vacas flacas. No solo eso,
también se propuso racionalizar el sistema introduciendo mecanismos flexibles
de jubilación y medidas que incidieran en la prolongación de la vida laboral.
Sobre todo el Pacto de Toledo estableció una dinámica de trabajo,
como si se tratara de un servicio permanente que se ocupara de todo lo que
podía influir y poner en riesgo el sistema de pensiones, ya fuera en su
totalidad o en alguno de sus apartados. Ese Pacto de Toledo tiene su
representación en el Congreso de los Diputados a través de la correspondiente
Comisión de Seguimiento y Evaluación de dicho Pacto. A dicha Comisión, -de la
que fui Vicepresidente entre Abril de 2008 y Noviembre de 2011-, acuden todo
tipo de expertos económicos, laborales, financieros y sociales a exponer sus
puntos de vista y alertar de los riesgos que acechan al sistema. Por eso
conviene advertir de que si el sistema de pensiones llegara a hacer aguas no
sería porque no haya tenido modo de evitarlas. De ese modo, en cada
Legislatura, se elabora un Informa de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo
que da fe exhaustiva de los posicionamientos de cada uno de los componentes de
la Comisión. Quiero subrayar con esto que la preocupación por el futuro del
sistema de pensiones y su evolución no es patrimonio, o no debe serlo, de la
izquierda ni de la derecha, aunque ambas puedan tener diferentes visiones sobre
el asunto.
Habrá tiempo para volver sobre el tema y puntualizar algunos
aspectos, pero hoy conviene subrayar que en todas las ocasiones en que se han
presentado conflictos también han sido puestas sobre la mesa las posibles
soluciones. Es cierto que hay problemas tan nimios que basta con articular
medidas superficiales para su solución, mientras que si se presentaran
problemas graves para su sostenibilidad, y no digamos ya para su mantenimiento,
el asunto podría trascender incluso de la voluntad, buena o mala, de los
integrantes de la Comisión del Pacto de Toledo. Y como es verdad que dichos
integrantes ostentan ideologías y posicionamientos diferentes, deberían
convenir todos en que los problemas inherentes al sistema de pensiones han de
salir de las mezquinas discusiones interpartidistas, como si se estuviese
hablando de derechos humanos inalienables.
Y para terminar vuelvo a mi economista de cabecera en este
asunto, Ignacio Zubiri. Traslado a este artículo algunas frases utilizadas por
él mismo en su participación en la
Comisión del Pacto de Toledo de Abril de 2009. Consideró un error la cerrazón
del sistema (“Las pensiones no deben financiarse exclusivamente con
cotizaciones”), porque cabía la posibilidad de que la economía no creara
empleos suficientes para su sostenibilidad, como puede suceder. Dado que el
gasto en pensiones en España se sitúa por debajo de la media europea, caben
esfuerzos añadidos que no van a ser alcanzados mediante formas de
capitalización, al modo de las prestaciones o seguros privados. Y establecía
algunas conclusiones que continúan vigentes, solamente a falta de
actualización. ¿Retrasar la edad de jubilación de forma escalonada?, sí.
¿Eliminar las jubilaciones anticipadas?, sí. Pero sobre todo “explicitar que
las pensiones no se financiarán exclusivamente con cotizaciones”, pues para eso
están también los Presupuestos del Estado. Y establecer un sistema de financiación
suficiente que pase por considerar las pensiones como una base fundamental,
sólida e indispensable para el mantenimiento de la actual y futura sociedad del
Bienestar.
De modo que quien inquieta a nuestros mayores, y a quienes
aspiran a serlo, apuntando riesgos de difícil solución en el sistema de
pensiones, lo hacen de forma tan gratuita en sus argumentos, como interesada en
sus objetivos.
Fdo. JOSU
MONTALBAN
