OTRA VEZ A VUELTAS CON LOS MÁS POBRES
¿Acallará la reforma de la RGI (Renta de Garantía de
Ingresos) a sus detractores? Esta debe ser la pregunta que han de hacerse
quienes, en estos momentos, se sientan alrededor de la mesa para buscar las
condiciones que han de cumplir quienes aspiren a cobrarla.
El relato de la RGI, -ahora que cualquier asunto conflictivo
necesita un relato convincente-, ha sido hasta ahora una narración del género
de la novela picaresca. Los periódicos se han llenado de noticias curiosas que
siempre han enfatizado tanto las irregularidades cometidas por unos poquísimos
infractores, que han caído en el olvido las características y virtudes de la
prestación. El propio nombre (Renta de Garantía de Ingresos) se presta al
equívoco. Desde luego que no responde al significado de la palabra “renta”
porque ni es “el dinero u otro beneficio que produce regularmente un bien”, ni
es la “cantidad de dinero o bienes que se paga regularmente por el alquiler de
algo”. Por lo tanto, no se trata de una renta porque los perceptores no deben tener
bienes suficientes, ni perciben la ayuda por aportar nada en concreto a cambio.
En todo caso les basta con ser ciudadanos del País Vasco para tener derecho a
ello, eso sí, siempre que no tengan caudales suficientes.
Tampoco el término “garantía” es el más apropiado si tenemos
en cuenta que se trata de una cantidad suficientemente exigua y escueta como
para garantizar nada. No en vano la RGI suele ir apoyada, en muchos casos, por
otro tipo de ayudas puntuales que cubren obligaciones perentorias de la vida de
los perceptores como la vivienda, el suministro eléctrico o el recibo del agua.
De modo que ni es una renta real ni garantiza un nivel de ingresos suficiente,
ni siquiera ajustado a las necesidades de las viviendas o de las familias.
Es por esto que resulta chocante la urgencia con la que
tantos ciudadanos vascos proponen revisar las condiciones que han de cumplir
los perceptores. Porque aunque es verdad que se producen cobros indebidos en la
RGI, incluso fraudes escandalosos propiciados por tramas organizadas, el nivel
del fraude total es especialmente bajo. Es verdad que el hecho de que sea bajo
no debe llevar a las Instituciones a ser desidiosas en el control, pero el
exceso de celo en la vigilancia, y la escasa misericordia que muestran algunos
cuando interpretan los datos, hace pensar mal a quienes desde la buena voluntad
seguimos pensando que quienes cobran la RGI, al menos una mayoría aplastante de
ellos, son menesterosos y necesitados, es decir pobres.
Veamos algunos números. En cinco años, desde el año 2012, las
cantidades indebidamente percibidas han ascendido a 165 millones de euros, y
han afectado a 62.359 titulares o cabezas de familia. De ellos, casi un 60% han
devuelto su deuda o lo están haciendo mediante acuerdos pactados con la Administración.
Ciertamente la pobreza y la precariedad están provocando comportamientos poco
adecuados en los perceptores que son sorprendidos en ilegalidad o
irregularidad, lo que hace que las oficinas de quien administra la RGI,
Lanbide, sean un foco de posibles conflictos. Pero es preciso subrayar, según
datos recientes, que hay 113 millones de los percibidos de modo irregular que
ya están en proceso de devolución. ¿Alguien sería capaz de parangonar, por
niveles y condiciones de vida personales, este fraude de la RGI en comparación
con el fraude fiscal?Es decir, ¿alguien se atreve a comparar, en interpretar
debidamente, el fraude que se produce en la percepción de ayudas públicas con
el que se produce en el pago de las obligaciones tributarias? De modo que este
debate es un asunto que tiene que ver con la riqueza y la pobreza de un país,
pero sobre todo con la desigualdad que afecta a los pobres frente a los ricos.
Hace poco tiempo la Consejera Artolazabal cometió el terrible
error, -del que espero que ya se haya arrepentido-, de juzgar como “suficiente”
la RGI para vivir una vida digna. Tal vez tenga razón en el uso del término,
porque la dignidad no está reñida con la pobreza (se puede ser digno y pobre), del mismo modo
que ser rico e indigno y miserable, pero la RGI no es suficiente, está
demasiado por debajo de la media salarial y solo llega para vivir de modo
escueto y retirados del mundanal ruido. Sin embargo, las continuas y excesivas
protestas del PP vasco me llevan a una reflexión profunda: si pusieran los
“populares” (PP) el mismo interés en cuestionar el fraude fiscal como ponen en
denunciar el fraude social, las arcas del Estado estarían mucho más y mejor
nutridas, habría más fondos para resolver el riesgo que suponen las bolsas de
pobreza, y la paz social formaría parte del hábitat ciudadano. Pero no es así
porque los populares, como buenos epulones, solo aceptan a los lázaros cogiendo
las migajas que han caído de sus mesas.
Resulta curioso que nunca se hayan pronunciado, salvo con
vaguedades, sobre el fraude fiscal, que no hayan presentado denuncia ninguna
contra sus correligionarios, y pongan tantas objeciones a una RGI que pone poco
más de 600 euros para que viva cada ciudadano en situación de precariedad o
pobreza. Ni siquiera le basta al PP que la Consejera haya presentado ya las
líneas maestras de la nueva RGI, quince puntos concretos que harán bastante más
difícil acceder a ella. Una RGI por domicilio, que obligará a compaginarse a
quienes han recurrido a compartir vivienda sin estar vinculados por consanguinidad
o relación familiar. Un control antifraude que irá tan lejos como para
traspasar la presunción de inocencia. Un recorte como consecuencia del aumento
del tiempo de empadronamiento, y la prescripción de los pagos indebidos a 24
meses. Igualmente se fijan unas cantidades mínimas a percibir por cada núcleo
familiar que no podrá exceder de los 1.200 euros mensuales. A la vista de lo
propuesto en el primer borrador solo caben puntualizaciones al alza, porque
cualquier matización a la baja solo puede obedecer a la inhumanidad con que los
opulentos interpretan el rigor de la pobreza de los más míseros y oprimidos por
el sistema.
Pues bien, el PP vasco ha urgido al Gobierno para que acelere
la aprobación de la reforma de la RGI, y ha amenazado que, si no se apremian,
ellos llevarán una propuesta propia. Este exceso de “responsabilidad” del PP
cobra importancia porque sus votos son imprescindibles para cualquier
aprobación, ante la cerrazón absurda de EHBildu y Podemos que han anunciado su
oposición al texto presentado. Es decir que estos “izquierdosos” de salón son
capaces de dejar a los más pobres al libre y descarado albedrío de los más
ricos del PP. Puestos a ganar el cielo el PP ha optado por imponer un
“justicierismo” contra los más depauperados y necesitados, y quienes alardean
de “izquierdosos” no se atreven a apoyar las medidas propuestas, -quince-,
quizás porque prefieren erigirse en salvadores o redentores. Yerran. Unos y
otros yerran, no tanto en sus propuestas como en sus pronunciamientos públicos.
Los perceptores de la RGI son pobres, ya sean estructurales o
accidentales. No son ladrones ni esquilmadores de las arcas públicas. Quien les
trata como tal es, como mínimo un miserable. Y quien se empeña en conquistar el
poder que dan los votos ofreciéndoles el oro y el moro por su pobreza, no pasa
de ejercer una desacompasada, que usa la pólvora del Rey para dar rienda suelta
a sus devaneos. Unos y otros deberían, sobre todo, respetar a los pobres como
personas que, también, son.
FDO. JOSU MONTALBAN
