LA ESPAÑA PROVISIONAL
Ante los muchos términos entronizados en el lenguaje
político, como consecuencia del debate sin límites que se ha desencadenado
alrededor del controvertido “derecho a decidir”, me permito someter a la
consideración de quienes lean este artículo un nuevo concepto: “la España
Provisional”. Los libros de Geografía deberán diseñar con mucho cuidado su
apartado de mapas, porque si el susodicho “derecho” llega a desarrollarse de
forma indiscriminada y arbitraria, casi todas las líneas que delimitan
actualmente comunidades autónomas, regiones o provincias habrán de ser
discontinuas y, sobre todo, provisionales.
El término “confluencias”, con el que Podemos define y nombra
las relaciones con formaciones del más variado origen social y geográfico,
parece obedecer a la casualidad. Normalmente se confluye en un punto porque el
origen de los caminos que llevan a él puede ser muy diverso, incluso opuesto.
Por ejemplo, son confluencias Compromís, En Comú y En Marea, tres formaciones
que están dispuestas a que se ejerza el “derecho a decidir” en Valencia, en
Cataluña y en Galicia. Del mismo modo que Podemos parece dispuesta a que en la
Comunidad Vasca y Navarra también se ejerza tal derecho. Y no lo está en el
mismísimo Madrid porque allí tienen a Manuela Carmena como cortafuego, una
mujer que ella sola se basta y sobra para domeñar al equipo “podémico” de
concejales y concejalas que, de momento, le han causado más percances y
disgustos que alegrías.
Cuando se pone ese invento llamado “derecho a decidir” en el
frontispicio de los derechos fundamentales, se está haciendo un uso artero e
interesado del derecho de autodeterminación recogido en la legislación
internacional, para regular situaciones relacionadas con conflictos armados,
guerras u ocupaciones de países o territorios por parte de otros. El “derecho a
decidir” no existe como tal, obedece a una artimaña que actúa como añagaza ante
los ciudadanos, a los que tienta ofreciéndoles una opción que corresponde, en
todo caso, a todos los ciudadanos del Estado y no solo a los de alguna de las
regiones o provincias. De algún modo, desvirtúa el significado y la dimensión
del Estado, que es un término antiquísimo, -desde Platón hasta nuestros días-,
que ha servido para, a lo largo del tiempo, contrarrestar los riesgos que una
sociedad tribal y deslavazada podía acarrear a los humanos.
En su estrategia de captación de votos, Podemos se confunde
interesadamente con las formaciones regionalistas o nacionalistas de los
lugares en que participa electoralmente. En Galicia confluye con las fuerzas
independentistas, del mismo modo que compite en Euskadi con Bildu, -a quien
aspira aa fagocitar-. Igualmente ha confluido en Cataluña con formaciones que
han tenido a gala denostar todos los símbolos y costumbres que pudieran oler a
España. Este comportamiento, que pone en riesgo los límites y las estructuras
del Estado, constituye un hándicap para los españoles como ciudadanos que son,
pertenecientes a ese Estado llamado España. De algún modo la incertidumbre
provocada hace que España y su Estado puedan caer en una provisionalidad que
impida o dificulte avanzar en la defensa de los derechos de la gente y en la
mejora de sus condiciones de vida y de su bienestar.
Dado el escaso rigor del que hacen gala quienes enarbolan el
“derecho a decidir” como un derecho inalienable, me permito definir la
provisionalidad que afecta a todos los españoles siguiendo las tesis y
comportamientos de Podemos. Imaginemos que ese derecho a decidir se
desarrollara en las regiones que usan el término y que, posteriormente, se
siguieran a rajatabla sus dictámenes. Las Comunidades en que tal derecho se
solicita realmente suponen, en población, más de 18 de los 46 millones de
españoles, es decir casi un cuarenta por ciento de la población. Pudiera
ocurrir que en las respectivas regiones la decisión secesionista obedeciera a
victorias pírricas de los secesionistas, lo que llevaría a que el Estado se
resquebrajara por la voluntad de poco más del quince por ciento de la población
del Estado.
No me duelen prendas en afirmar el absurdo valor de los
cálculos que he hecho. Es tan absurdo y ridículo como eso del “derecho a
decidir”, que convierte al Estado español en un Estado provisional y, como tal,
incapaz de servir a su misión como Estado en la defensa de todos sus
ciudadanos.
FDO. JOSU MONTALBAN
