REBAJAR LAS PRESTACIONES SOCIALES
EN TIEMPO DE CRISIS ES INMORAL
Recientemente ha acudido a mí una
vecina de ochenta y cinco años con los documentos procedentes de diferentes
estamentos públicos, relativos a cuanto ella percibe por diferentes conceptos,
es decir, lo que ella llama “su retiro”. A su baja pensión procedente de la
Seguridad Social le es añadida una cantidad complementaria como Renta de
Garantía de Ingresos que procede de otro ámbito administrativo. La cosa tiene
su dificultad para una persona de edad avanzada que vive atribulada por la
soledad y la escasez, que son dos condiciones difíciles de compartir porque los
rigores de cada una de ellas no se suman sino que se multiplican. Tiene su
dificultad, además, porque mientras una de las prestaciones se hace en catorce
pagas la otra se hace en doce mensualidades.
He estado a punto de no responder
a sus dudas. He sentido cierta vergüenza porque ha resultado que en el año 2012
esta señora va a percibir anualmente 158,34 euros menos que lo que ha percibido
en el año 2011. Alguien pensará que en otros gremios y situaciones también se
han reducido los salarios, pero les explico algo más: la señora ha percibido en
el año 2011, 9.137,84 euros por todos los conceptos, o sea 761,50 euros al mes;
en el año 2012 va a percibir 8.979,50 euros en total, o sea 748,30 euros al
mes. Esta cantidad solo se podrá ver superada en el caso de que el IPC del año
recién iniciado (2012) sea superior al 1% previsto, que se ha utilizado como
base para fijar la nueva cantidad básica. Lo curioso es que cuando se produce
alguna desviación en la cifra del IPC prevista, los perceptores reciben una
jubilosa noticia cuando, a año ya vencido, reciben una cantidad compensatoria.
Curiosa reacción, porque debería ser de indignación pues no en vano durante los
meses en que se ha ido consumando la desviación, estos perceptores han ido
percibiendo de menos la cantidad correspondiente a dicha desviación, es decir,
que han “prestado” dinero a la Administración sin percibir a cambio compensación
alguna.
Este ejemplo me sirve para
afirmar con todo convencimiento el contenido del título de este artículo:
esquilmar las prestaciones económicas de los más humildes constituye una
flagrante inmoralidad. No cabe ninguna excusa porque no son precisamente esas
prestaciones las que desequilibran la Economía. Las políticas sociales que
constituyen el cuarto pilar del archiconocido
Estado de Bienestar, ese ramillete de medidas y prestaciones que el
Presidente Zapatero incluyó en la Ley de Dependencia, por la que porfió
denodadamente, ni suponen un gasto excesivo ni infieren ninguna consecuencia
adversa a nuestras maltrechas cuentas, dicho en comparación con otros gastos
públicos más escandalosos y menos necesarios. Sin embargo, a pesar de la
renuencia con que la derecha la ha venido desarrollando en las Comunidades en
que ha gobernado, y de la lentitud con que se abordó su desarrollo definitivo,
sembró grandes dosis de esperanza a quienes más sufren y menos tienen.
La crisis ha servido de coartada
para casi todo. Víctimas de ella son muchos los que han pasado a engrosar las
filas de los desempleados, los listados de quienes tienen escasos recursos y
las estadísticas de la miseria. Resulta curioso escuchar por todos los lados
que cualquier prestación económica deberá estar vinculada a la búsqueda de
empleo, como si las ofertas de empleo proliferaran, al menos las ofertas
admisibles desde el punto de vista de la dignidad humana. ¿Quién está dispuesto
a renunciar a un trabajo dignamente pagado por una prestación económica
endeble? No digo que no haya de esos, poquísimos, pero seguro que complementa
dicha prestación con alguna ocupación financiada desde la economía sumergida a
la que alimentan con descaro contratadotes que no quieren tener tratos ni con
la Seguridad Social ni con Hacienda. El fraude en las prestaciones sociales es
demasiado escaso como para poner en solfa dichas prestaciones. De todos los
fraudes posibles de cuantos se pueden generar alrededor de las políticas
públicas de gasto, son los menos importantes. Y desde luego que no es admisible
poner en el mismo paquete, por ejemplo, a quien percibe una ayuda social
indebida con quien no paga a Hacienda
teniendo dinero suficiente para hacerlo. Ni es igual el móvil que les
incita ni lo son sus consecuencias.
La derecha repite con voz de
papagayo que la mejor política social es la que genera empleo. Nada puede ser
tan falso y, sobre todo, interesado. No cabe duda de que la creación de empleo
es la única solución para acabar con las altas cotas de paro que padecemos, por
tanto el desarrollo social y el crecimiento económico que lo potencien son
imprescindibles para configurar una sociedad equilibrada que reparta ciertas
plusvalías a los trabajadores que producen esa riqueza que disfrutan los
acomodados capitalistas. Pero, ¿qué pasa cuando no se crea empleo y las
entidades financieras cierran el grifo del crédito y se muestran implacables
con quienes soportan deudas que no pueden pagar? De ahí surgen la pobreza, la
escasez y la miseria. A quienes caen en tal socavón solo se les puede socorrer
con prestaciones económicas que les permitan sobrevivir y no perder todas las
esperanzas.
Ni el Gobierno ni la derecha
económica y social representada por la CEOE están por la labor de mitigar la
pobreza. Nadal, que es un alto cargo de la CEOE, ha pedido que se rebajen las
prestaciones económicas para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social. De
todas las posibilidades de financiación la única que se le ha ocurrido ha sido
hacer más pobres a los que ya son pobres. ¿No se les ha ocurrido ni por un
instante pensar que hay grandísimas fortunas que son un insulto a la decencia?
¿No han pensado nunca que una política fiscal más equilibrada terminará por
generar menos pobres? La tentación, como se está viendo, pasa por reducir las
prestaciones económicas a los que tienen poco que son los que las cobran. De
ese modo tendrán menos, claro está. La señora del ejemplo con que se inicia el
artículo no es una beneficiaria del sistema: es, más bien, una víctima. ¿No es
inmoral?.
