viernes, 19 de enero de 2018

EL ESTADO DEL "ESTADO" (DEIA, 18 - 01 - 2018)




EL ESTADO DEL “ESTADO”

Una pátina, aunque espesa, de nieve cubre la realidad en esta España nuestra que renquea víctima de la desidia y las perversas inclinaciones del Gobierno del PP, incapaz de convertir el Estado, como Institución máxima en lo social, en lo económico y en lo político, en un baluarte que proteja a sus ciudadanos. Mientras la Providencia, casi siempre impredecible, ha adornado nuestras montañas con nieve en unas fechas inoportunas, pues siempre lo son para eso las que marcan el fin del periodo vacacional navideño, los españoles hemos asistido a una vorágine difícil de interpretar y, por ende, bastante más difícil aún de resolver.

No son pocos los asuntos que nos atribulan, pero sobre todo son demasiadas las dudas e incertidumbres que, dispradas desde diferentes flancos, nos producen miedo y hacen que nuestra visión del futuro sea oscura, casi negra. Veamos los flancos que tenemos abiertos.

El sistema público de pensiones ha necesitado inyectar 15.000 millones de euros para poder hacer a los pagos correspondientes al año 2018. La pobreza de los hogares españoles más precarios aumenta a pasos agigantados. El amago de acuerdo para aumentar el salario mínimo (SMI) en los próximos años choca con las condiciones drásticas en que debe moverse nuestra Economía que, si no llegan a cumplirse, dejarían este acuerdo en agua de borrajas. La precariedad del empleo genera en los trabajadores, -en su mayoría temporales y eventuales-, inquietudes que merman su eficacia y provocan inseguridad en quienes trabajan de ese modo. La proliferación de los episodios relacionados con diferentes tipos de corrupción ha provocado una desconfianza perversa para el sistema, que hace que la Política y los políticos sean vistos como los generadores de los problemas en lugar de ser los llamados a resolverlos. La distribución de las rentas, es decir de la riqueza, es tan desigual que ya amenaza al orden público, con barrios excesivamente depauperados que lindan con grandes y lujosas urbanizaciones. Las Rentas de Garantías (en otro tiempo llamadas Ingresos mínimos de Inserción), -que no son realmente “rentas” por su escasez y cuantías, y que no garantizan casi nada-, aún siguen vistas con recelo por los dirigentes políticos, cuyas ideologías sociales y económicas permanecen aletargadas en sus idearios impresos y casi nunca leídos ni deshojados. Nada está ocurriendo que permita a los más humildes alentarse a sí mismos y albergar esperanzas solventes.

Sin embargo resulta realmente preocupante la crisis por la que pasa el Estado, como Institución que debe aglutinar y proteger a los ciudadanos, y cuyos órganos de gobierno han de ser tan soberanos como resistentes. Ahora mismo España es un Estado que está mostrando signos de flaqueza, quizás como consecuencia del principio y el viejo tiempo del que procedemos (régimen franquista, casi cuarenta años), y del oportunismo interesado de las nuevas formaciones políticas, que ha debilitado nuestra Democracia aprovechando todas y cada una de las crisis que hemos padecido últimamente. Nadie puede poner en duda que los líderes emergentes (Rivera, Iglesias), a derecha e izquierda, no alcanzan siquiera  los más básicos niveles de aptitud y solvencia de aquellos que recuperaron la Democracia en España (Suarez, González, Carrillo, Arzallus, etc) en los tiempos de la Transición, pero la conquista del poder, aunque sea usando añagazas y criterios ideológicos de escasa consistencia, se ha convertido en un fin, un objetivo en sí misma: quítate tú para que me ponga yo… Urge, pues, recuperar un Estado fuerte que muestre un rostro convincente y demuestre en cada trance, favorable o adverso, que está basado en unas estructuras firmes y que tiene soluciones para cada uno de los problemas que se presenten. La Democracia muestra su máxima eficacia cuando va de la mano de un Gobierno solvente y, sobre todo, tan justo como poderoso.

El comportamiento del Gobierno español en el “procés” catalán sirve para constatar de una vez la debilidad del Estado como Institución, y el miedo de la clase política que teme que servirse de la contundencia del Estado para resolver los contratiempos pueda ser interpretado como una muestra de déficit democrático. Curiosamente, los partidos políticos muestran energías y convicciones mucho más contundentes cuando se trata de resolver las indisciplinas de sus militantes en su propio seno, que cuando la rebeldía tiene lugar entre los ciudadanos y el Estado. (Por ejemplo, en el “procés” catalán no han faltado los líderes de otras formaciones y latitudes españolas que han mostrado su deseo de que la Justicia no actúe con rigor, incluso dejando libres y a su antojo a los rebeldes “sublevados”). La consecuencia es un Estado pacato y remiso que no se atreve a imponer leyes y normas que nos hagan a todos más iguales y, sobre todo, que el Estado tantas veces vilipendiado como “opresor”, deje de ser valorado como protector.

España, como Estado, atraviesa una profunda crisis de la mano de un Gobierno, corrupto en su herencia, que no quiere comprometerse con los españoles, sobre todo con los más humildes. No es el problema territorial el importante, aunque sea tan urgente resolverle mediante una financiación que no solo distribuya mejor y más equitativamente los fondos, sino que controle los gastos excesivos para que no tenga que aplicar medidas de emergencia. Es su déficit más importante, la asignatura pendiente que aún sigue sin ser aprobada porque a ninguno de los sucesivos Gobiernos españoles se le ocurrió siquiera presentarse al examen. Para cubrir el expediente, cuando España se erigió en Estado de las Autonomías, alguien pensó que las Comunidades Históricas (Euskadi, Cataluña, Galicia, etc…) bien podían dar pie a la consideración de tal de otras diez o doce más en la geografía española, pero mientras Euskadi partía de unas estructuras históricas y una vocación firme de autogobierno, muchas de las otras no lo hicieron en la misma medida porque estrenaban un estatus que nunca habían tenido.

No se trata de un Estado fallido, como los detractores antidemocráticos y populistas quieren proclamar, pero sí atraviesa un estado de crisis que reclama cambios, sobre todo uno esencial, que le fortalezca, que silencie lo antes posible las voces de protesta de los dirigentes regionales, que se alertan sin motivo formal ante los acuerdos del Cupo y Concierto vascos, y que culmine con entereza y templanza el mapa autonómico. Es necesario un Estado que no se tambalee porque Cataluña (o cualquier otra) toque a rebato, sino que responda con la Ley en la mano, el Estatuto respectivo en el pecho y los oídos bien abiertos. Pero, ¡cuidado!, la Ley es por el momento lo que nos iguala a todos los españoles y nos hace responsables y corresponsables de la libertad de todos.

El Estado ha de ser el que fije nuestras obligaciones, nos ampare y proteja, articule y afiance las medidas pertinentes para dulcificar nuestras vidas… Es evidente que la ideología de los gobernantes influye en los modos de vida de los gobernados, que los partidos políticos han de ser garantes de los principios ideológicos que rijan la Política en cada momento, pero el Estado debe erigirse en una Institución solvente y poderosa que garantice la Democracia que con tanta fruición se asoma a nuestras bocas.

Fdo.  JOSU  MONTALBÁN